La Asociación Internacional de Fiscales (IAP, por sus siglas en inglés) exigió a las autoridades gubernamentales de los países donde está radicada una mayor protección para aquellos fiscales que arriesgan su vida diariamente a combatir el crimen organizado. Lo hizo por medio de un comunicado en el que lamentó el magnicidio del funcionario judicial paraguayo Marcelo Pecci quien fuera ultimado por dos sicarios en la isla de Barú, Colombia, mientras disfrutaba de su luna de miel con su esposa.
La IAP es la única organización mundial de fiscales, autoridades fiscales y asociaciones de fiscales. Abarca seis continentes y más de 175 jurisdicciones, y representa a más de 200.000 fiscales. La IAP es una organización apolítica y no gubernamental, y goza de carácter consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Entre sus objetivos, la IAP está comprometida con la defensa de los derechos de los fiscales, y esto incluye su seguridad personal y la de sus familias.
En las “Normas para la protección y la seguridad de los fiscales” de la IAP, se afirma que “los Estados adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar que los fiscales y sus familias reciban por parte de las autoridades la protección de su integridad física cuando su seguridad personal se vea amenazada como resultado del correcto desempeño de sus funciones”. Además, se insta a los Estados a proporcionar toda la protección necesaria a los fiscales y a sus familias “en su domicilio o en sus viajes”, algo que aplicaba a Pecci, asesinado en tierras colombianas.
“La IAP ha tomado conocimiento, con gran conmoción y tristeza, del asesinato de Marcelo Pecci, Fiscal Especializado en Materia de Crimen Organizado de Paraguay, mientras se encontraba en un viaje de placer en Barú, Colombia. Fue asesinado por dos sicarios en el hotel donde se alojaba con su esposa, Claudia Aguilera, el 9 de mayo de 2022. La policía colombiana ha puesto en marcha la búsqueda de los asesinos, y se ha ofrecido una importante recompensa por información que conduzca a la captura de los mismos”, dice el parte de prensa al que accedió Infobae.
La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, ha expresado su “absoluta condena y repudio al asesinato”, y ha indicado que la policía colombiana está colaborando estrechamente con la Fiscal General de Paraguay en la búsqueda conjunta de justicia. La institución que nuclea a los fiscales de todo el mundo señaló que las muestras de acción del gobierno colombiano es algo “muy valorado por la IAP”.
“El Sr. Pecci era un fiscal muy estimado en Paraguay y en el extranjero. Se especializó en casos relacionados con crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y financiación del terrorismo, y su experticia se echará mucho de menos. La IAP extiende su más sentido pésame a su familia, amigos y colegas, quienes se habrán inspirado en su ejemplo y sus logros”, indicó la Asociación.
Por su parte, Belinda Bobadilla, Vice Presidenta de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, ha manifestado: “Nos hemos comprometido como institución, como colegas de toda la vida de Marcelo, a salir aún más fortalecidos de esta situación en honor a la valentía y el coraje que siempre demostró”. También se compromete a permanecer junto a la Asociación de Agentes Fiscales tanto ahora, en momentos de tragedia, como en el futuro.
El asesinato de Pecci, una vez más, pone el foco en la seguridad de los fiscales y sus familias. En consecuencia, la IAP hace un “llamamiento a los Estados para que revisen la efectividad de sus disposiciones actuales, analicen cómo pueden reforzarse y hagan todo lo posible para garantizar los más altos niveles de protección. Para que los fiscales puedan cumplir con éxito su mandato defendiendo el Estado de Derecho, llevando a los delincuentes ante la justicia y contribuyendo a que las comunidades sean seguras, ellos mismos deben ser adecuadamente protegidos en todo momento”, concluyó el comunicado.
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