Suspenden el transporte fluvial, desde Buenaventura, por amenazas del clan del Golfo

Luego de recibir mensajes amenazantes por parte del Clan del Golfo, transportadores fluviales anunciaron que suspenderían sus labores en Buenaventura para proteger su bienestar. Esto se da en medio del contexto del paro armado iniciado, por parte de esa organización criminal, luego de la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, la semana pasada. Según detallaron los trabajadores, llegaron a su poder hostigamientos a través de panfletos, por lo que decidieron tomarse un tiempo para evitar agresiones en su contra.

Fue el jueves 5 de mayo cuando el Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia, urabeños o Clan Úsuga) empezó a informar que se tomarían algunas zonas del país para rechazar la decisión del presidente colombiano, Iván Duque, de enviar al exjefe de ese entramado criminal a pagar los delitos que se le atribuyen en Estados Unidos. “Las condiciones ahora yo las considero severas, pero a la misma vez mi cliente mantiene una disposición, actitud vamos a decir, muy tranquila sobre las condiciones y las circunstancias de su detención (...) Lo tienen en un piso muy especial, el contacto es muy limitado con él, las entrevistas son a través de un cristal”, dijo Arturo Hernández, abogado del líder narcoparamilitar, para el diario El Tiempo.

“Muchos de nuestros capitanes y motoristas, en especial de las lanchas, decidieron no viajar por el anuncio del panfleto del Clan del Golfo en el que se manifestaba ese paro armado. Por supuesto eso generó mucho temor, pues para nadie es un secreto que esta estructura armada tiene el poder de hacer daño (...) Allá tenemos una situación muy complicada e inclusive, mucha gente se ha desplazado hacia el casco urbano”, contó a Blu Radio, Javier Torres, presidente de la Asociación de Transportadores Marítimos del Pacífico. Las acciones violentas cometidas por parte de ese grupo armado al margen de la ley afectaron a 11 departamentos.

De acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre el 4 y 8 de mayo se reportaron 24 muertes de civiles, de acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, fueron 3 las personas asesinadas durante ese mismo periodo de tiempo. Se reportaron 309 hechos de violencia que afectaron a 178 municipios. Hubo 15 tentativas de homicidio, 26 casos de bloqueo forzado de vías, 118 destrucciones de bienes civiles y 5 ataques a misiones humanitarias. Hubo, además, 22 ataques armados a la Fuerza Pública y 2 asesinatos de uniformados. El ministerio de Diego Molano aseguró que fueron 187 los vehículos quemados, cuatro vías bloqueadas y ocho terminales de transporte afectadas.

Esta no es la primera vez que Torres manifiesta su preocupación respecto a la modificación de la operación del gremio al que representa a causa de la violencia en Colombia. Para el paro armado de febrero de este año, destacó que los transportadores se verían afectados, en ese momento, por el actuar violento de la guerrilla del ELN.

“Es todo el gremio que ha parado, es decir, más de 120 embarcaciones en Buenaventura y 160 pequeñas, que desde que supimos del panfleto paramos porque no vamos a arriesgar ni la vida de nosotros, la carga y menos la infraestructura, cuando jamás ni el Gobierno ni ninguna entidad del Estado nos responde absolutamente por ninguna cosa que se nos pierda (...) Todo el mundo sabe lo que pasa cuando se solicita el acompañamiento, ya que no es permanente, porque la fuerza pública no tiene la capacidad de proteger nuestras embarcaciones en altamar”, manifestó para la misma emisora, para la semana del pasado 20 de febrero.

Para ese entonces, por las mismas amenazas que hoy también están recibiendo, decidieron suspender sus labores. Aseguró que no permitiría el movimiento de ningún vehículo, por lo que se verían afectadas las personas habitantes de municipios como Juradó, Pizarro y Nuquí en el Chocó; Guapi y Timbiquí en el Cauca; y El Charco, Iscuandé y Mosquera en Nariño.

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