Van 6 días desde que el denominado ‘Clan del Golfo’ anunciara un paro armado, luego de la extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, a los Estados Unidos, donde se ha cobrado varias víctimas mortales y ha impedido que las personas si quiera puedan salir de sus casas, ha tenido afectaciones además en materia de asistencia y atención a grupos vulnerables por parte de las entidades estatales. Una de estas es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; estos aseguraron que no han podido atender a unos 275 mil niños, a los cuales se les han restringido varias ayudas como los esquemas de primera infancia, los cuales sanean las necesidades nutricionales, educativas, de salud, entre muchas otras.
La intensidad del conflicto derivado ha obligado a que se cierren varias Unidades de Servicio del ICBF, esto, confirmado por la directora del Instituto, Lina Arbeláez, quién señaló que entre el 5 y 9 de mayo fueron los días donde más afectaciones se tuvieron:
“Muchos de nuestros centros de desarrollo infantil fueron lacerados con palabras soeces, y los agentes educativos y a las madres comunitarias, que seguían prestando los servicios, fueron amenazados”.
Explicó además que en sedes del departamento de Córdoba han vandalizado y afectado las sedes, donde han pintado grafitis y han dejado amenazas donde señalan que si abren o prestan los servicios habrá represalias.
A esto se le suma que algunos funcionarios del instituto en el departamento de Caldas se han quejado por temas de afectaciones en las sedes del ICBF, incumplimientos salariales y demás necesidades que aquejan los trabajadores. Los bloqueos también se registraron en Antioquia, donde unos 500 funcionarios entraron en paro por el incumplimiento de los pactos acordados a fines del año pasado. Esta situación ha llevado a que la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, acusara a la entidad y al Ministerio del Trabajo de no tener voluntad de escuchar a los funcionarios, que, aunque algunos siguen en sus actividades, otros no, lo que ha impedido que algunas sedes se abran, por lo que serían más niños los que estarían sin la cobertura o protección del ICBF.
No obstante, la directora Arbeláez declaró que el gobierno trabaja en estrategias que permitan proteger algunos de los centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en zonas como las del Bajo Cauca antioqueño, territorios de Córdoba y otros donde se estén presentando las afectaciones, principalmente las derivadas por el ‘paro armado’.
De hecho, en el marco del Encuentro Nacional en Educación Inicial declaró que en los últimos 4 años el gobierno nacional, a través del ICBF, ha invertido unos 17,2 billones de pesos en la atención integral de la primera infancia. Ese dinero se ha destinado en la asistencia de más de 1.690.000 usuarios, de los que se pretende sean los 2 millones, los cuales podrán acceder a programas de educación inicial en todo el territorio nacional, incluidas las zonas rurales y disparas.
Otro de los anuncios que se hizo en el encuentro es que han aumentado los casos de abuso y violencia en entornos escolares, los cuales se han registrado unos 37 mil casos, de los cuales 18 mil son de violencia sexual:
“Eso lo único que demuestra es que somos una sociedad enferma. Hay un elemento fundamental, es que el 72% de los casos de violencia ocurre en las casas. Nosotros, los adultos, los padres somos los referentes más cercanos de los niños. Entonces lo que ellos ven en la casa van, lo repiten y lo reflejan en los colegios. Esto debe cambiar”.
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