Acreditados como víctimas, el senador Iván Cepeda y el exfiscal Eduardo Montealegre, interpusieron una acción de tutela al nuevo fiscal Javier Fernando Cárdenas Pérez, quien fue designado en medio de la investigación que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
De acuerdo con el comunicado firmado por Cepeda y Montealegre, la designación firmada por el fiscal General, Francisco Barbosa estaría violando sus derechos al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y verdad, justicia, y reparación.
Las víctimas señalan que el hecho de que el nuevo fiscal Pérez haya ordenado nuevas actividades de investigación, es ilegal, pues el tiempo para hacerlo ya pasó.
Iván Cepeda a través de su cuenta oficial de Twitter escribió la tutela y empezó con: “Hilo sobre tutela Caso Uribe: 1/6 Fiscalía ha vulnerado nuestros derechos al debido proceso, igualdad, acceso a la justicia, verdad, y reparación. Hemos interpuesto tutela contra el fiscal Javier F. Cárdenas. La solicitud de amparo se fundamenta en las siguientes razones”.
En este sentido se advierte que se debe suspender la práctica de pruebas documentales y testimoniales.
“Solicitamos se ordene al Fiscal 3º Delegado ante la CSJ, que cese toda investigación desplegada con posterioridad a la decisión que negó la preclusión de la investigación penal y, en un plazo razonable, fijado por el juez de tutela, formule acusación en contra de Uribe Vélez”, siguió la acción de tutela.
De acuerdo con Cepeda y Montealegre se “ha desconocido (en referencia a Barbosa) la decisión del Juzgado 28 del Circuito de Bogotá con Función de conocimiento, según la cual la Fiscalía General de la Nación no acreditó ninguna de las tres causales de preclusión con las que soportó su solicitud, y en consecuencia, debería proceder, en un término razonable, a formular escrito de acusación”.
Además, las víctimas aseguraron que al que el fiscal Barbosa haya designado un nuevo delegado para adelantar la investigación, pese a que en este caso no es posible. La Fiscalía solo puede hacerlo cuando dentro del término legal de 120 días no presente solicitud de preclusión o acusación.
“Al dilatar injustificadamente la actuación penal, ha burlado nuestros derechos como víctimas. Asimismo, ha violentado las garantías fundamentales; al acceso a la administración de justicia; y los derechos a la verdad, la justicia y la reparación”, declararon Cepeda y Montealegre.
Por último, el senador y el exfiscal explicaron que lo que legalmente debía suceder con el caso era que la Fiscalía debía llamar a juicio a Uribe desde el 28 de abril por los delitos de soborno y fraude procesal. Por el contrario, lo que ordenó el fiscal Cárdenas fue practicar nuevas pruebas y hacer algo que no había hecho su predecesor en la investigación.
El fiscal Cárdenas citó a entrevistas a 27 personas que estarían involucradas en el caso. Se destaca que dentro de las audiencias también se escuchará al exmandatario. Así mismo, el funcionario ordenó la realización de siete inspecciones judiciales.
Con esta orden del fiscal Cárdenas se disipan las dudas acerca de si el caso sería precluido. Hay que recordar que esta era una posibilidad, ya que en marzo del año pasado el fiscal Gabriel Ramón Jaimes, coordinador de fiscales delegados ante la Corte, pidió detener la investigación. Para la solicitud se argumentaron dos causales: atipicidad y ausencia de intervención del investigado. El primero hace referencia a que los hechos no configuran un delito, y la segunda, indicaría que si hubo delitos, estos no fueron cometidos por Uribe.
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