En la noche del martes 10 de mayo la Procuraduría General de la Nación anunció la suspensión de Daniel Quintero como alcalde de Medellín. Lo anterior, argumentando la “presunta y reiterada intervención en actividades y controversias políticas” por parte del mandatario local, debido a sus reiteradas publicaciones que hacían alusión a un movimiento político.
Tras la noticia, en redes sociales los comentarios en contra de la decisión no han parado, algunos argumentan que el órgano de control no puede tomar esa decisión, otros como el mismo Quintero y el líder del Pacto Histórico Gustavo Petro señalan que esto es “un golpe de Estado”, también dicen que la procuradora Margarita Cabello esta actuando a favor del uribismo, entre otros comentarios.
Ante las reiteradas criticas y acusaciones, donde también se le pide que sancione a otros funcionarios por incurrir en la política y que se encuentran favoreciendo la campaña de Federico Gutiérrez, la procuradora se pronunció y anotó que no esta a favor de nadie y que no permitirá que la relaciones con ningún escandalo político: “Jamás dejará que la vinculen en controversias, en discusiones que van a generar más angustias para la sociedad”.
En este sentido defendió la institución que representa y agregó que el ente busca la imparcialidad para mantener la mano dura con todos los sectores, pues la función de la Procuraduría es “conciliar y reconciliar”.
“La entidad mantendrá el perfil de buscar la conciliación y la reconciliación pero tener igualmente mano dura”, dijo mientras se encontraba haciendo la rendición de cuentas de la Procuraduría General de la Nación.
La noticia sobre la decisión que tiene inconformes a muchos ciudadanos y político sobre la suspensión provisional de Daniel Quintero la dio a conocer Cabello mediante un video, donde también sancionan al alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado.
“La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria y la suspensión provisional de sus cargos a los siguientes funcionarios: Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, Antioquia; Andrés Fabián Hurtado, alcalde de Ibagué, Tolima; Gustavo Adolfo Herrera Zapataz, concejal del municipio de Calarcá, Quindío; y Grenfell Lozano, personero de Nátaga, Huila”, indicó la funcionaria.
La procuradora indicó que los servidores públicos debían tener claro que la intervención en política no se reducía al pedido de votar por uno de los candidatos, sino que contemplaba cualquier actuación que generara en el “imaginario colectivo la realización de alianzas o apoyos” que rompan, con lo que definió, como el equilibrio de la convulsionada contienda electoral que se llevará a cabo el próximo 29 de mayo.
En ese sentido, señaló que el uso de las redes sociales y de los medios de comunicación no podrían ser una herramienta para afectar la “imparcialidad” que debe caracterizar la contienda electoral, indicando que desde su cargo debía propender por generar un equilibrio y evitar ser parte de las controversias, señalando que: “como expresó el día de posesión no se equivoquen conmigo”.
“La democracia tiene reglas y estas deben cumplirse. Mientras no exista ley estatutaria ningún servidor público, desde el menor rango y hasta el más alto nivel, puede utilizar el cargo para participar de las actividades de los partidos y de los movimientos políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de los derechos previstos en la constitución y la ley”, señaló la procuradora Cabello.
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