Ley de Garantías: Sergio Fajardo denuncia a Iván Duque por promover reforma

El candidato a la Presidencia de Colombia por la Coalición de la Esperanza, Sergio Fajardo Valderrama, radicó en la tarde de este martes 10 de mayo una denuncia penal contra el presidente de la República, Iván Duque Márquez, ante la Comisión de Acusaciones del Congreso.

Iván Duque impulsó que la Ley de Garantías se modificara desde el Congreso y, según Fajardo, omitió el procedimiento para editar leyes estatutarias. En opinión del matemático, el presidente era consciente de que era inconstitucional tratar de cambiar esa ley como si se tratara de una ordinaria, pero lo hizo de todos modos; así que lo acusó de prevaricato por acción.

Además, Fajardo lo señala de no haber reportado esa anomalía a tiempo. Con ello, para el candidato, el presidente dio vía libre a la celebración de convenios interadministrativos con los entes territoriales, en plena campaña electoral y con millones del erario de por medio.

La denuncia del paisa no se queda ahí. Además de la puerta abierta para celebrar contratos, Duque habría permitido que el dinero del erario se redirigiera a una campaña presidencial, precisamente, a través del pago de esos compromisos interadministrativos.

El candidato aseguró que, en la posición de Duque, no se comportaría de esa manera. “Un presidente profesor tiene que educar desde el ejemplo. Lo que pasó aquí fue un actuar corrupto e inconstitucional para interferir en las elecciones”, mencionó.

Fajardo presentó la denuncia con su firma y las de los coequiperos y exprecandidatos de la misma coalición: Jorge Enrique Robledo, Carlos Amaya, Juan Manuel Galán y Alejandro Gaviria. También firmaron Juan Fernando Cristo, Iván Marulanda, Guillermo Rivera, Julián Rodríguez Sastoque y Jennifer Pedraza. Algunos de los firmantes acompañaron al exalcalde y gobernador antioqueño en cuerpo presente.

Más de 3.300 convenios interadministrativos, avaluados en más de 6,5 billones de pesos, estarían en “veremos” con el fallo de la Corte Constitucional que negó la reforma a la Ley de Garantías.

Esta cantidad de acuerdos se firmaron después del 13 de noviembre de 2021, justo cuando habría tenido que empezar a regir la Ley de Garantías, y hasta el 5 de mayo, cuando la Corte tumbó el artículo. Se indicó que la mayoría de los convenios afectados fueron celebrados entre la Nación y los entes territoriales de Antioquia, Córdoba, Nariño, Valle del Cauca y Amazonas.

Se aclaró que solo los convenios cuyos objetos ya se hayan ejecutado completamente al momento de informarse la norma, se mantendrán. Además, estos deberán terminarse y liquidarse “sin perjuicio de la devolución de los recursos girados y no ejecutados y de las restituciones a que haya lugar”. También deberán liquidarse los contratos estatales financiados con fundamento en los convenios en cuestión, exceptuando los contratos en curso dirigidos a atender las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable y vivienda.

Teniendo esto en cuenta, la Presidencia de la República y las gobernaciones y alcaldías del país deberán revisar el estado de los contratos suscritos desde el pasado 13 de noviembre. Información previa, basada en registros del Sistema Electrónico de Contratación Pública, da cuenta de más de 30 alcaldías en todo el país que deberán devolver alrededor de 90 mil millones de pesos.

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