Iglesia católica pide diálogo y “amistad social” tras paro armado del Clan del Golfo

Desde el pasado 5 de mayo el Clan del Golfo inició un paro armado en el país luego de la extradición del jefe de esa banda criminal, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel. Después de seis días de ataques a la población civil y a las Fuerzas Armadas, la Iglesia católica y organizaciones sociales con presencia en regiones como Chocó, constataron por medio de un comunicado las afectaciones que las acciones de la banda ilegal han ocasionado en estos territorios.

En el comunicado compartido por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz se rechazan las acciones bélicas del Clan del Golfo que empezaron hace una semana en varios departamentos del país. “Condenamos enérgicamente la situación de confinamiento a la que han sido sometidos los habitantes de los treinta municipios del departamento del Chocó y once de Urabá, como consecuencia del paro armado”.

Estos hechos de violencia se han presentado en más de diez departamentos de Colombia como Antioquia, Atlántico, Córdoba, Sucre, Cesar, Bolívar, Magdalena, La Guajira y Santander. “Estas acciones nos permiten constatar una vez más cómo es la población civil la que sufre las consecuencias de esta guerra demencial que estamos padeciendo en Colombia”, continúa el comunicado de la autoridad católica.

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Para hacer frente a esta situación, la Iglesia católica y las organizaciones civiles afirmaron que es necesario “abordar de nuevo la opción de la solución negociada al conflicto armado”, asimismo invitaron al pueblo colombiano a aceptar el llamado del Papa Francisco, “para que promovamos el diálogo y la amistad social”.

Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en los seis días que lleva el paro armado se han atendido a cerca de 275 mil niños, niñas y adolescentes, a los cuales se les han brindado varias ayudas como los esquemas de primera infancia, los cuales sanean las necesidades nutricionales, educativas, de salud, entre muchas otras.

El comunicado con fecha de 11 de mayo fue firmado por la sociedad civil a través de las organizaciones Foro Interétnico, Solidaridad Chocó, Mesa de Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó, Comité Cívico por la Dignidad y Salvación del Chocó, Coordinación Regional del Pacífico, Diócesis de Istmina – Tadó, Diócesis de Apartadó y la Diócesis de Quibdó.

En su carta pública también aprovecharon para enviarle un mensaje al Estado colombiano y a todas las instituciones del país, “esperamos que, tanto la Institucionalidad como los actores armados ilegales, escuchen el clamor del pueblo colombiano y den signos de construcción de paz a través del diálogo y procesos de sometimiento a la justicia”.

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Cifras de Indepaz registran que hasta el momento el grupo armado ha realizado 127 acciones violentas, entre las cuales, ocho corresponden a asesinatos. Las estadísticas también señalan que se han incinerado 56 vehículos y en 36 ocasiones se ha restringido la movilidad y el comercio. Entre otras acciones cometidas por el Clan del Golfo aparecen panfletos, patrullajes, hostigamiento a la policía, ataques a comerciantes, así como amenazas a líderes y retenciones.

Por último, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz resaltó que el gobierno de Iván Duque debe garantizar la seguridad y la paz de forma permanente para los ciudadanos de todos los departamentos del territorio nacional, “mediante la protección a la ciudadanía y la neutralización de las acciones de la ilegalidad”.

Según el balance del Ministerio de Defensa, las acciones del grupo armado han dejado cinco uniformados muertos. La información oficial también da cuenta de al menos 187 vehículos afectados y 177 capturados como sospechosos de pertenecer al Clan del Golfo.

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