Entre 2019 y 2021 judicializaron a 86 defensores de derechos humanos

Este martes salió a la luz el informe de Criminalización de la Defensa de Derechos Humanos en Colombia, realizado por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP). La investigación señaló que 86 defensores fueron judicializados entre julio de 2019 y noviembre de 2021.

“La realidad colombiana en los últimos tres años ha estado marcada por el fuerte estallido de movilizaciones sociales; particularmente, desde el famoso 21N de 2019″, explicó el Comité en el documento. La entidad recordó que Colombia es un país en la que “en el que la defensa de los derechos humanos constituye una labor riesgosa no solo evidente en las abrumadoras cifras de homicidios y amenazas, sino también en las campañas de desprestigio”.

El CSPP criticó en el informe la implementación del Acuerdo Final de Paz en la actual administración. “La militarización como camino para la transición que ha caracterizado al gobierno Duque (...) ha venido alimentando el mantenimiento del conflicto armado en el país”. El documento señala que desde que se firmó el acuerdo al 20 de noviembre de 2021, 1.270 liderazgos y 299 personas firmantes de paz han sido asesinadas.

La entidad emitió una gráfica que evidencia el incremento de judicializaciones, pues si se compara las cifras de 2019 con el 2021, los casos aumentaron en un 165%. “Es claro que existe una tendencia al incremento de la criminalización a través del uso indebido del derecho penal contra quienes defienden los derechos humanos”, agregó el CSPP.

Entre las personas que defienden los derechos humanos contra las que se han adelantado procesos judiciales se encuentran personas que participan en procesos sociales y organizativos campesinos, miembros de Juntas de Acción Comunal, defensoras del ambiente y el territorio y de organizaciones juveniles. El Comité señaló que el 35 % de los judicializados fueron jóvenes, el 31 % defendía la comunidad y el medio ambiente, el 17 % realizaba liderazgo comunitario y el 17 % eran excombatientes de las extintas Farc.

Es importante precisar que las regiones en las que se han concentrado dichas judicializaciones fueron: Bogotá (18 %), Nariño (17 %) y Arauca (14 %). “Allí las judicializaciones han ocurrido en el marco de fuerte estigmatización hacia la protesta social, y, por tanto, a los liderazgos o actores altamente visibilizados en estos contextos”, puntualizó la entidad en el informe.

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) destacó siete casos que consideraron representativos por la judicialización de 19 defensores en los departamentos de Nariño, Bolívar, Valle del Cauca, Meta, Cauca, Putumayo y en la capital. “Fueron elegidos teniendo en cuenta su relación estrecha con el ejercicio de la movilización social, su trabajo en la exigencia de derechos sociales, económicos y ambientales y por confluir en ellos acciones de estigmatización y del uso indebido del derecho penal por parte del Estado”, se lee en el documento.

Uno de los casos resaltados tiene que ver con la judicialización de David Ravelo Gutiérrez, Jaime Hernando Olarte, Yéiner Alexander Avendaño, Víctor Hugo Ruiz, Yeison Franco y Julio Martínez Táutiva. Los defensores, según la CSPP, fueron capturados y señalados por la Fiscalía General de la Nación de hacer parte de los frentes 1, 7 y 10 de las disidencias de las Farc y les imputaron el delito de concierto para delinquir con fines terroristas.

“Las acusaciones de la Fiscalía se estructuran desde una visión que percibe el ejercicio de la movilización social como alteración de la institucionalidad y del orden público, lo que ha hecho parte de un ejercicio de estigmatización”, aseveró el Comité.

Sobre esa judicialización se pronunció en su momento la alcaldesa Claudia López, quien aseguró que había evidencia sólida en contra de los detenidos, quienes realmente hacían parte de colectivos barriales y artísticos de la ciudad y habían convocado la manifestación social de 2019. La mandataria local “realiza un prejuzgamiento que vulnera su presunción de inocencia y califica de manera negativa el ejercicio de convocatoria y la participación en la movilización social bajo categoría de vandalismo e interviene indebidamente en los asuntos de la rama judicial”, concluyó el CSPP.

El informe consta con más casos similares que refuerzan la idea de que las judicializaciones tienen que ver con una estrategia de estigmatizar la protesta social. Este es el documento completo de Comité de Solidaridad con los Presos Políticos:

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