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El pasado martes 10 de mayo en horas de la noche la Procuraduría General de la Nación anunció la suspensión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Esta decisión generó todo tipo de comentarios; sin embargo, él no fue el único funcionario suspendido por el órgano de control.
El alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado; el concejal de Calarcá (Quindío), Gustavo Adolfo Herrera; y Grenfel Lozano Guerrero, personero de Nátaga, Huila, también fueron retirados de sus cargos de manera provisional según estableció la Procuraduría.
De acuerdo con el Ministerio Público, esta medida se tomó debido a que los funcionarios, de cara a las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 29 de mayo, presuntamente han intervenido en actividades políticas.
“Por la presunta y reiterada intervención en actividades políticas, la Procuraduría ordenó la apertura de investigación disciplinaria y la suspensión provisional de sus cargos a los funcionarios”, informó la procuradora Margarita Cabello en la noche del pasado martes.
Adelantándose a los comentarios que surgieron luego de conocer la decisión de la procuradora, la funcionaria aseguró que el Ministerio Público tiene la competencia institucional para establecer este tipo de medidas que suspenden e incluso pueden llegar a destituir a los funcionarios públicos del país.
“La Procuraduría tiene la competencia constitucional y legal para investigar, suspender provisionalmente y sancionar, hasta con destitución e inhabilidad, a todos los servidores públicos del país, incluyendo a los de elección popular”, aseguró la procuradora Margarita Cabello.
El alcalde de Ibagué aseguró que su equipo jurídico ya está trabajando en este tema
Respecto a la decisión del Ministerio Público, el alcalde de Ibagué dijo que, aunque es respetuoso de la institucionalidad, trabajará con su equipo jurídico pues, según él, no hay motivos para ser suspendido de su cargo en el gobierno local.
“Soy un hombre absolutamente respetoso de la institucionalidad, siempre lo he sido y siempre lo seré. En mi actuar como funcionario público y más aún como alcalde de la ciudad de Ibagué, siempre he sido y seguiré siendo responsable por mis actos y por mis actuaciones”, expresó el funcionario suspendido.
El mandatario local enfatizó en que no ha participado en política de manera indebida, como lo aseguró la Procuraduría recientemente.
“Quiero ser claro ante los ibaguereños y ante todo Colombia, nunca he tenido ningún tipo de participación indebida en política, por esta razón ya estamos trabajando con todo nuestro equipo jurídico para adelantar las acciones legales que sean necesarias y así hacer respetar el mandato legal y constitucional que ustedes los ibaguereños nos han entregado”, añadió Andrés Hurtado.
Respecto al concejal de Calarcá que también fue sancionado por la Procuraduría, cabe recordar que en marzo de este año fue capturado y luego puesto en libertad por presuntamente cometer el delito de corrupción al sufragante.
Cuando fue capturado, las autoridades le incautaron un celular, propaganda política y 155 mil pesos en efectivo. De acuerdo con el ente acusador, el funcionario estaba pagando 20 mil pesos por cada voto que los ciudadanos le daban al electo representante a la cámara Jhon Edgar Pérez.
Aunque el concejal quedó en libertad, continúa vinculado a la investigación.
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