531 organizaciones de víctimas participaron en las audiencias para la apertura de los nuevos macrocasos de la JEP

Las víctimas en el exterior también pudieron participar de manera virtual. Desde 13 países se conectaron 22 organizaciones. Una de las peticiones más reiterativas fue la garantía de no repetición y la búsqueda de la verdad

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 Se recibieron en total
Se recibieron en total 368 observaciones de manera oral y 199 de forma escrita. Según la justicia de paz, con las audiencias se logró la participación de víctimas de todo el territorio nacional. Además, 22 organizaciones de víctimas radicadas en el extranjero se pudieron conectar a las diligencias desde 13 países.

Desde febrero de 2022 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adelantó siete audiencias públicas de observaciones para la apertura de nuevos macrocasos, este ejercicio terminó este miércoles 11 de mayo, cuando la Comisión de Participación de la JEP presentó un balance sobre las demandas de justicia realizadas por las 531 organizaciones de víctimas, étnicas y de derechos humanos que participaron durante los espacios, a la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR)

Las audiencias tuvieron lugar entre el 21 de febrero y el 10 de marzo. La primera de ellas se realizó en Medellín, seguida por la de San José del Guaviare, Valledupar, Cali, Villavicencio y dos de cierre en Bogotá. Se recibieron en total 368 observaciones de manera oral y 199 de forma escrita. Según la justicia de paz, con las audiencias se logró la participación de víctimas de todo el territorio nacional. Además, 22 organizaciones de víctimas radicadas en el extranjero se pudieron conectar a las diligencias desde 13 países.

En el balance presentado, la Comisión de Participación de la JEP explicó que “las víctimas y organizaciones que participaron en estos encuentros están acreditadas en los casos ya abiertos o tienen la vocación de participar en los tres macrocasos que se propone priorizar”.

Los macrocasos a los que se hacen referencia son: violaciones de la fuerza pública, el de crímenes cometidos por las Farc y el de las afectaciones a pueblos y territorios étnicos.

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Respecto al caso de crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, las organizaciones de víctimas resaltaron la importancia de abordar este patrón de macrocriminalidad, en aras de develar los diferentes niveles y modos de colaboración con otros actores. Fue especialmente marcada la solicitud de investigación del fenómeno del desplazamiento forzado, el despojo de tierras y la desaparición forzada.

Frente a las observaciones en cuanto a los hechos violentos cometidos por la guerrilla de las Farc, las víctimas confirmaron la importancia de investigar la desaparición forzada en todo el territorio nacional y el uso de métodos ilícitos de guerra, particularmente en lo referido a la utilización de minas antipersonales y tomas guerrilleras. Además, pidieron investigar los vínculos de dicha guerrilla con otros actores del conflicto como el ELN, el paramilitarismo, las Fuerzas Armadas y el sector político.

Por último, en relación al macrocaso de afectaciones a pueblos y territorios étnicos, las víctimas participantes hicieron énfasis en la necesidad de recoger los diversos análisis sobre la situación de derechos humanos de los pueblos étnicamente diferenciados presentados ante diferentes entidades estatales y visibilizar el racismo estructural como actor beligerante en el conflicto armado para los pueblos afrodescendientes.

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Durante las siete audiencias que se realizaron, las organizaciones de víctimas resaltaron como aspecto principal la importancia que tiene el reconocimiento del territorio como víctima, dignificando sus valores espirituales y simbólicos, los cuales se afectaron en el marco del conflicto armado. Adicionalmente, se destacó la preocupación para que también se investiguen las conductas relacionadas con las afectaciones al medio ambiente, el desplazamiento forzado y la violencia sexual.

Entre las preocupaciones expuestas por los colectivos de víctimas se insistió en el temor que tienen de hablar, participar y “decir las cosas” ante la JEP, debido a amenazas y la violencia que se sigue registrando en los territorios de Colombia. Algunos asistentes puntualizaron que han recibido amenazas directas a través de panfletos en los que se les intimida por su participación en la Jurisdicción.

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