Condenada la Nación por falso positivo relacionado con el caso de alias ‘El Zarco’

La Fiscalía General de la Nación asegura que al menos 14 víctimas habría sido engañadas por Luis Jhon Castro Ramírez para posteriormente ser ejecutadas por miembros del Ejército

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Rubber boots are seen in
Rubber boots are seen in the Plaza de Bolivar during a symbolic protest to commemorate the more than 6,400 people who were reportedly killed by the army in 'false positive' cases during the war against FARC rebels, in Bogota, Colombia August 30, 2021. REUTERS/Luisa Gonzalez

A comienzos del 2022 la Fiscalía General de la Nación presentó un escrito de acusación en contra de Luis Jhon Castro Ramírez, alias El Zarco, que da más luces sobre la forma en la que el confeso criminal, extraditado el año pasado desde España, contactó al menos 14 víctimas de falsos positivos en el Valle del Cauca.

Teniendo en cuenta dicho documento un juez condenó a la Nación por el asesinato de Jorge Armando Guevara, una de las victimas de ejecución extrajudicial de desmovilizados del ELN, como alias El Zarco, y miembros activos de las Fuerzas Militares.

De acuerdo con la investigación oficial, alias El Zarco, engañaba a las víctimas con promesas de trabajo para encontrar una guaca con más de 200 millones de pesos, y cuando ya estaban en zonas alejadas los obligaba a ponerse uniformes exclusivos de la Fuerza Pública. Posterior a esto, miembros del Ejército los hacían acostar boca abajo y les dispararon a quemarropa.

Los elementos de prueba obtenidos evidenciaron que alias ‘El Zarco’ se habría concertado con algunos de los integrantes del pelotón Cascabel para engañar civiles y llevarlos a zonas despobladas, con pleno conocimiento de que serían sometidos y reseñados como resultados operacionales exitosos. Esto, al parecer, a cambio dinero y ayudas para su manutención, en el entendido de que estaba en proceso de desmovilización del ELN y no tenía ingresos económicos”, comunicó el ente investigador.

Tras la condena a las Nación, tanto el Ejército como el Ministerio de Defensa deberán indemnizar a la familia de la victima por dos conceptos, el primero por perjuicios, las instituciones deberán pagar un valor equivalente a 200 salarios; y el segundo que es por perjuicios materiales más de 400 millones de pesos.

Además de la reparación material tanto el ministro de defensa, Diego Molano, como el Ejército Nacional deberán ofrecer disculpas públicas, en un acto conmemorativo en el Municipio de Ibagué y/o Guamo, teniendo en cuenta que el departamento del Tolima fue una de las zonas usadas para cometer estos crímenes en contra de los civiles.

Finalmente el juez determinó que la familia deberá ser valorada psicológicamente y en caso de necesitar algún tipo de tratamiento, las dos instituciones anteriormente mencionadas tendrán que responder por el proceso y brindar todas las condiciones necesarias para que tengan buenos resultados.

El expediente judicial de alias El Zarco

Castro Ramírez, inició su vida delictiva vinculándose al ELN desde temprana edad. Allí se encargó de colaborar con extorsiones, tráfico de sustancias ilegales y homicidios. Entre los casos de asesinatos en los que participó están los ‘falsos positivos’ que se habrían perpetrado entre 2007 y 2008. Las autoridades tendrían pruebas de que en esa época entregó al menos a 17 personas al Ejército Nacional para ser presentados como combatientes dados de baja en combate.

Según la Fiscalía, el Zarco habría empezado a reclutar potenciales víctimas para los ‘falsos positivos’ cuando conoció al sargento Rubiel Bustos Escarraga, alias Mauricio, quien le pidió “colaborar” a cambio de ayudarle con su proceso de desmovilización del ELN. Esa colaboración se trataba de asesinar civiles inocentes.

Uno de sus primeros crímenes conocidos dentro del marco de las ejecuciones extrajudiciales habría ocurrido el 6 de noviembre de 2007. El Zarco presuntamente llevó a tres hombres hasta las afueras de Cali donde miembros de la Tercera Brigada del Ejército los mataron. Los uniformados hicieron pasar a las víctimas por subversivos que iban vestidos de policías armados.

Un año después, en 2008, habría incurrido en la misma acción, pero esta vez en Tolima y logró engañar a más jóvenes. Fueron 14 las víctimas y habrían sido asesinadas en los municipios de Coyaima y el Guamo y en la vereda Potrerito, adscrita a Ibagué.

Los reclutados eran llevados a zonas alejadas donde eran asesinados. Todos llegaban ahí con la promesa de “un mejor futuro”, lleno de oportunidades laborales.

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