Tres congresistas denunciarán a los que aprobaron desmontar la ley de garantías en época de elecciones

Luego de que la Corte Constitucional tumbara la modificación a la ley de garantías, con la que se prohíbe realizar contrataciones por parte de alcaldías, gobernaciones y otras entidades del Estado en época electoral, para evitar así la corrupción en los comicios y favorecer a candidatos, tres congresistas que habían votado en contra y que también se oponían a la reforma de la normativa, denunciarán a los que votaron a favor de la modificación.

En el informativo de televisión Noticias Uno informaron que los representantes a la Cámara Inti Asprilla, José Daniel López y Germán Navas Talero llevarán a cabo las correspondientes acciones penales, porque indicaron que sus compañeros, a pesar de que tenían conocimiento que se trataría de una decisión ilegal, aprobaron la reforma.

“Voy contra ellos para que respondan por el daño económico que le produjeron al Estado”, señaló el congresista Navas talero.

El veterano congresista recordó que este caso era similar al que ocurrió en su momento con Yidis Molina, que a cambio de prebendas votó a favor de la reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Ellos se valían de su posición para obtener un beneficio, un cohecho. Igual situación hay acá. Ellos están obteniendo un beneficio con su voto al saber que iban a obtener unos dineros que servirían para su campaña”, agregó.

Mientras que el José Daniel López indicó que si no había consecuencias judiciales, por lo menos las debía haber dentro del legislativo.

“No sé si haya responsabilidad penal, pero lo que sí creo que debe haber es responsabilidad política porque uno no puede jugara así ni con las ilusiones de los municipios y departamentos, ni tampoco trapear así el piso con la Constitución Política”, señaló.

Inti Asprilla aseguró que los integrantes del Legislativo que aprobaron la modificación en la ley de garantías podrían verse inmersos en delitos.

“Para aquellos congresistas que votaron la ley de garantías que están actualmente relectos y (por los) que empiezan a haber pruebas o denuncias sobre presiones a ciudadanos por medio de estos contratos interadministrativos para votar por ellos, se puede configurar un proceso ante la Corte Suprema de Justicia por prevaricato”, explicó.

En Noticias Uno también encontraron que algunos de los congresistas que resultaron elegidos en las pasadas elecciones del 13 de marzo son del mismo partido político de los mandatarios locales que llevaron a cabo contrataciones durante este tiempo, pese a que estaba pendiente el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la legalidad de la reforma. Incluso, señalaron que algunos de los representantes y senadores electos eran allegados a esos alcaldes y gobernadores.

Uno de los casos fue el de Magangué (Bolívar), que de acuerdo a la consulta que hicieron en ese noticiero en Colombia Compra Eficiente, tuvo una contratación de 35.000 millones de pesos y el Invías en el lapso durante el que no se había tumbado la reforma a la ley de garantías.

Allí el alcalde es Carlos Cabrales del Partido Liberal, quien fue elegido por 32.200 votos en las elecciones locales. En esa población del Caribe, el ganador para Senado fue Libio García con 8.189 votos y su fórmula a la Cámara de Representantes Mauricio Gómez Amín 5.157 sufragios, ambos de la misma colectividad del mandatario municipal.

Aunque con montos menores también hubo coincidencias como en el caso del municipio de Ciénaga de Oro (Córdoba) y en Funes (Nariño).

El pasado jueves 5 de mayo la Corte Constitucional revirtió la modificación a la ley de garantías, tras el estudio de unas 40 demandas y una solicitud de la procuradora General de la Nación.

El argumento del tribunal constitucional para tumbar esta disposición es que no se pueden modificar normas estatutarias mediante leyes anuales de presupuesto, y una de las que entrarían en esa categoría es la Ley de Garantías Electorales. No obstante, en el Congreso se le dio manejo de ley ordinaria para intervenirlo con el recurso mencionado en octubre de 2021. Al hacerlo, incurrió en una acción inconstitucional.

Según el comunicado oficial, “la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Alejandro Linares, declaró la inconstitucionalidad, por vicios de procedimiento en su trámite en el Congreso, del proyecto de ley estatutaria número 234 de 2020 Senado, 409 de 2020 Cámara, ‘por la cual se expide el Código Electoral Colombiano y se dictan otras disposiciones’″.

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