La dura carta de los alcaldes afectados por el paro armado al presidente Duque: “Seguimos acorralados por estos grupos delincuenciales, y estamos solos”

La situación de seguridad en los territorios del Urabá Antioqueño ha sido critica en los últimos días ha causa del paro armado liderado por el Clan del Golfo como consecuencia de la extradición de alías ‘Otoniel’.

Como producto de esta situación que ha perjudicado a los civiles en temas de alimentación, salud, vivienda, movilización y demás, mediante una misiva firmada por más de 30 mandatarios de los departamentos del Chocó y Antioquia se le exige al gobierno nacional tomar las medidas necesarias para hacerle frente a las acciones del grupo armado y brindar garantías a la población afectada.

“Hoy —dice la carta— además de la pobreza el territorio está sometido a un accionar paramilitar donde los afectados siempre son los habitantes más vulnerables. Los adultos mayores, niños y mujeres embarazadas están sin atención médica; las personas que viven del diario no han podido salir a trabajar; nuestros campesinos y productores no pueden comercializar sus productos, ya hay desabastecimiento, tenemos cadáveres sin tratamiento, debido a los bloqueos de las vías; los cuerpos de bomberos y defensa civil locales no pueden atender emergencias de orden público y, desde el nivel nacional, no recibimos respuesta ni apoyo”, se lee en el documento enviado al presidente y su gabinete que han mencionado que lo ataques perpetrados por el grupo de narcotráfico ha sido para mostrar que aún tienen fuerza pese que están debilitados.

Además, de nombrar las graves consecuencias que han traído los actos terroristas del Clan, aseguran que debido a la cantidad de armas y a la fuerza que tiene la banda los esfuerzos de los gobiernos locales no alcanza hacerle frente a la situación. Por lo que le exigen al gobierno ir a la zona para poder entender de cerca la situación.

“En esta subregión no ha hecho presencia ninguna autoridad del Gobierno Nacional y requerimos, con urgencia, el restablecimiento del orden público y condiciones seguras para nuestras comunidades y por ende para la gobernabilidad”, concluyó la misiva.

En esa misma línea haciendo uso de sus redes sociales el Jorge Hugo Elejalde, alcalde de Frontino, pidió la presencial del presidente Iván Duque en la zona afectada por la violencia desatada desde el 4 de mayo.

“Hacerle un llamado al señor presidente de la república, que se apersone del caso, es muy fácil ser bravo desde el Palacio de Nariño con 300 policías o escoltas que lo protegen, es hora que se venga para acá, para las regiones donde estamos sufriendo”, enfatizó Elejalde.

Por ahora, el director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, el general Alejandro Bustamante, dijo que por el momento se han incautado 12 armas de fuego, 481 cartuchos, siete proveedores, granadas carro y motos, usados para atemorizar a la población. Además, se reportaron 92 personas capturadas, donde 21 ya tenían procesos judiciales vigentes y las otras 71 fueron detenidas en flagrancias.

Por otro lado el pasado 6 de mayo durante el Consejo de Seguridad que contó con la presencia de las autoridades civiles, militares y policiales de la región, el jefe de la Defensa reveló la actualización del ‘Cártel de los más buscados’.

“Se ofrece a partir de hoy una recompensa de 5.000 millones de pesos para quien de información que permita a las autoridades llegar a la captura y judicialización de alias ‘Siopas’ y alias ‘Chiquito Malo”, advirtió el ministro Molano.

En ese mismo sentido, las autoridades determinaron ofrecer un pago de recompensas de hasta 50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita dar con el paradero de los responsables de las actividades delictivas en esta región del país como la incineración de vehículos, el bloqueo de vías públicas y la afectación a la vida e integridad de los ciudadanos y miembros de la Fuerza Pública.

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