Entre las más de 1.500 hectáreas que forman la hacienda de Álvaro Uribe Vélez en Córdoba hay al menos 8 de ellas que han llamado la atención en los últimos años. Conforman un predio denominado Laguito 2 que según un concepto de la Agencia Nacional de Tierras es un baldío de la nación que ha sido explotado desde 2016 por Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S. propiedad del exmandatario y representada por Lina Moreno, su esposa.
En el año 2020 la revista Vorágine reveló el enredo judicial del predio, que se había manejado como privado en un juzgado del municipio de San Carlos, con el que desde 2019 la señora Moreno buscaba declarar la propiedad por posesión del Laguito 2; pero una decisión de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cereté solicitó suspender el trámite debido a que sería un baldío de la nación que no podía ser adjudicado por ese mecanismo.
La polémica se revivió este fin de semana a raíz de la columna El informe enmochilado del periodista Daniel Coronell, en la que cuestionó el silencio de la Agencia Nacional de Tierras respecto al predio, que debía ser reclamado por esa entidad para recuperar la propiedad del Estado.
Lo cierto es que, como detalló la revista Vorágine, el juez de San Carlos aseguró que se trata de un predio baldío imprescriptible y terminó la reclamación de manera anticipada sin dar traslado a la ANT. Sin embargo, según Coronell, esa entidad sí tiene un informe en el que se establece la naturaleza baldía del Laguito 2, pero no se han adelantado acciones desde hace 17 meses para incluirlo en el inventario de inmuebles de la nación.
El abogado Javier Mendoza, que representa a Lina Moreno y a la Agropecuaria El Ubérrimo en el proceso de reclamación, contestó a través de un comunicado a la nueva polémica que ronda al predio en cuestión. Asegura que el proceso está vigente y no se han tomado decisiones respecto a la propiedad y el origen del Laguito 2.
Se trata de cuatro lotes con un área de 8 hectáreas y 3.400 metros cuadrados que, de acuerdo con el expresidente Uribe, se encuentra en medio de 70 hectáreas que fueron adquiridas por su familia en ese municipio.
De acuerdo al apoderado, desde 1960 el predio cuenta con una tradición de propiedad privada con una declaración extrajuicio de escritura pública que dio la titularidad a Carlos Yáñez Miranda; luego pasó a Pedro Nel Yánez Gómez y Luis Carlos Yánez Gómez desde 1983, posteriormente a Eunice del Castillo de Sierra desde 1984 y a la familia Salcedo Mendoza desde el año 1991.
Fue a estos últimos a quienes los Uribe Moreno le compraron la propiedad el 5 de febrero de 2016. Sin embargo, ni ellos ni los anteriores dueños han tenido títulos de propiedad, sino en escritura pública. El Ubérrimo, para formalizar su tenencia, inició el proceso de titularidad que se realiza por prescripción adquisitiva extraordinaria del dominio en 2019, con la cual basta con probar la posesión ininterrumpida y pacífica para reclamar los derechos sobre el inmueble.
Ese proceso resultó archivado por el juez de San Carlos, debido a que se demostró que el predio tenía una falsa tradición desde su origen. Es decir, que quienes habían manifestado ser los dueños no lo eran. Se trataba, en su lugar, de un baldío, por lo que no podrían adelantarse procesos de prescripción y le correspondía a la ANT su adjudicación, bajo las condiciones especiales que establece la ley (comunidades indígenas, campesinas o afro).
Lina Moreno y la administradora de la hacienda de Uribe consideran que la tradición privada de casi 70 años prueba que el predio no es baldío, por lo que continúan en acciones judiciales para poder reclamar la propiedad.
“Una vez surge el cuestionamiento acerca de la naturaleza jurídica privada o baldía del predio “EL LAGUITO 2″, fue la misma AGROPECUARIA EL UBÉRRIMO a través del suscrito, quien radicó ante la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS el día 11 de diciembre de 2021, la solicitud de iniciar el proceso de Clarificación de la Propiedad, a efectos que se determinara si el predio pertenece a la Nación o es un bien privado, con fundamento en material probatorio que fueron aportadas dentro de dicha solicitud”, señaló el abogado Mendoza.
Esa solicitud, asegura el apoderado, permanece en etapa preliminar en la ANT, “lo que significa que la entidad se encuentra recaudando información de carácter jurídico y técnico, para que sea posteriormente enviado a un Juez de la República para su decisión final”.
El abogado manifiesta que debe ser un juez el que determine el origen de la propiedad y no el informe de la ANT y mientras no exista esa decisión, la ocupación y explotación del predio por parte de la Agropecuaria El Ubérrimo no puede ser calificada como ilegal.
Sin embargo, según la revista Vorágine, en la decisión del juez se lee que “queda demostrado que el bien objeto de la demanda carece de dominio privado y por ello reviste la naturaleza de bien baldío y por ende es imprescriptible”.
En esa decisión no se dio orden sobre la explotación ni sobre lo que debía hacer la ANT que como asegura el periodista Coronell, no ha tomado ninguna decisión al respecto y su directora, Miriam Martínez Cárdenas, recibía órdenes del exmandatario a través del teléfono en eventos públicos.
La defensa de El Ubérrimo considera que, pese a la decisión de archivo del juez de San Carlos, se debe corregir el folio de la Oficina de Registro, para hacer el saneamiento de la propiedad nuevamente ante un juez. Pero si se determina que es un baldío, debe ser devuelto a la nación después de haber sido explotado por más de una década por parte de la familia Uribe.
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