El presidente Iván Duque presidirá un Consejo de Seguridad con la fuerza pública y las autoridades locales y departamentales del Urabá antioqueño después de que el Clan del Golfo anunciara el fin del paro armado que duró cuatro días completos. Por eso, el primer mandatario llegó este lunes al municipio de Carepa en compañía del ministro de Interior, Daniel Palacios, y el ministro de Defensa, Diego Molano.
El Consejo de Seguridad contará con la presencia de representantes de la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. La reunión tiene como fin evaluar las acciones implementadas desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) durante el paro armado, la reactivación del comercio y las medidas que se tomarán para intensificar la ofensiva contra el Clan del Golfo.
“El Clan del Golfo ha pretendido generar intimidación a través de actos cobardes tratando de mostrar, desesperadamente, una fortaleza que no tiene”, manifestó Iván Duque desde su cuenta de Twitter y envió un mensaje contundente a los demás integrantes del grupo armado. “A estos delincuentes el mensaje es claro: o se someten a la justicia o van a correr con la misma suerte de ‘Otoniel’”, agregó.
Las consecuencias del paro armado
La Unidad de Investigación y Acusación de las Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reportó que, durante los cuatro días de paro armado, se presentó un hostigamiento cada 20 minutos. El balance que calcula el organismo indica que hubo 309 hechos de violencia en 11 departamentos, siendo La Guajira y El Chocó los departamentos que tuvieron una afectación del 100 %. Además, 16 % de los 178 municipios afectados tuvieron vulneraciones a los derechos de la vida, la integridad física y la movilidad.
La entidad registró 15 tentativas de homicidios a civiles, 21 municipios con grafitis alusivos al Clan del Golfo, también conocidos como AGC, 26 bloqueos forzados en las vías, 24 asesinatos selectivos a civiles, 54 ceses de actividades de transporte y movilizaciones, 118 destrucciones de bienes civiles, 138 comunidades confinadas, 10 afectaciones a medios de comunicación, 22 ataques armados a la fuerza pública, 5 ataques a la misión humanitaria y 2 asesinatos de miembros de la Policía nacional.
El Urabá antioqueño fue de las regiones más afectadas, tanto así que la población sufrió el desabastecimiento del servicio de gas. EPM detalló que al menos 120 mil personas se quedaron sin ese recurso en los municipios de Apartadó, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Necoclí, Turbo, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Urrao, Remedios y Frontino.
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Por su parte, el Ministerio de Defensa señaló que la fuerza pública realizó ciertas acciones para contrarrestar el paro armado y garantizar la libre movilidad en los municipios. “Más de 72 mil toneladas de carga movilizadas 204 integrantes del Clan del Golfo entre capturados, neutralizados y sometidos 205 caravanas acompañadas”, aseguró la entidad como balance de los cuatro días.
El director de Seguridad Ciudadana de la Policía, general Alejandro Bustamante, reveló que en ese periodo de tiempo se incautaron 12 armas de fuego, 481 cartuchos, siete proveedores, granadas, un vehículo y una motocicleta.
Frente al Urabá antioqueño, el brigadier general Gustavo Franco Gómez, comandante de la Región de Policía 6, señaló que se está desplegando un dispositivo especial de Medellín para normalizar la movilidad. “Salimos de Medellín, vamos a Santa Fe de Antioquia, para llegar al Urabá antioqueño. De esta manera, vehículos de carga y particulares se movilizarán sobre todo este eje vial con el acompañamiento de la Fuerza Pública”, manifestó el uniformado.
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