Hay preocupación respecto a la cifra de colados en los subsidios con transferencias monetarias del Gobierno nacional, que habrían recibido giros sin cumplir los requisitos establecidos, lo que podría causar pérdidas millonarias de dineros públicos, además de beneficiar a personas que no lo necesitaban.
La alerta la emitió la Contraloría General de la República, luego de un análisis de las bases de datos del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y determinó que más de 402 mil millones de pesos habrían quedado en manos de 390.131 colados o falsos beneficiarios porque los titulares estaban fallecidos.
El director del DPS, Pierre García, contestó a la alerta de la Contraloría y señaló que los recursos no se han perdido. Además, que el análisis con inteligencia artificial que adelantó el ente de control podría haber errado en las bases de datos consultadas que “no reflejan las particularidades de los hogares beneficiarios de los programas de transferencias monetarias”.
“Estamos seguros que haciendo una investigación concreta quedará en evidencia que no se han perdido los recursos de los beneficiarios más pobres de este país”, Pierre García, director (e) de DPS.
El funcionario señaló que si bien el Sisbén es el registro de potenciales beneficiarios de programas sociales, no es la única base de datos que utilizan y por tanto no sirve para detectar colados o pagos indebidos. Según explicó García, solo en el programa Familias en Acción tienen más de un millón de personas indígenas y víctimas del conflicto armado que no tienen requisitos o puntaje sobre ese sistema para ser beneficiarios.
La DIARI consultó el Sisbén III, Sisbén IV, Departamento de Prosperidad Social, Registraduría Nacional del Estado Civil, Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), Registro Único de Afiliados (RUAF) y Colpensiones.
De acuerdo con Prosperidad Social, en el programa Jóvenes en Acción tienen alrededor de “900 jóvenes del ICBF, 67 mil desplazados, 9 mil indígenas, 14 mil de la estrategia Unidos y 87 mil que provienen de un hogar atendido por Familias en Acción desde el año 2000″.
Lo mismo ocurre en el programa Colombia Mayor donde se encuentran acogidos 45 mil adultos indígenas o en Ingreso solidario que tiene como beneficiarios a 42 mil soldados. “En devolución de IVA se focalizaron 700 mil hogares en la primera cobertura para 1 millón de hogares”, sostuvo el DPS.
En estos casos, sus requisitos de potenciales beneficiarios no es el puntaje del Sisbén, como tampoco requisito; así como ocurre a quienes son acogidos por orden judicial. También se han integrado algunas familias afectadas por el huracán Iota o que fueron acogidos con el programa Sisbén II antes del 2007.
“La información de las alertas reportadas por la Contraloría responde a cruces de información cuantitativa que no refleja completamente la realidad de la operación e información cualitativa de los programas, de los territorios ni de los hogares”, sostuvo García.
Por ejemplo, según explicó el funcionario, los programas de Ingreso Solidario, Familias en Acción y Devolución del IVA están dirigidos al hogar del titular beneficiario, por lo que si este fallece, se debe transferir a otro familiar. Es decir que si la persona murió y se entregó el dinero en esos programas, no quiere decir que lo haya recibido alguien a quien no le correspondía.
Desde el departamento, afirmaron que en el caso de identificación de fallecidos se basan en bases de datos de la Registraduría. En estos casos, la Contraloría identificó 9.951 supuestos beneficiarios ya muertos, que habrían recibido un subsidio de esos 5 programas por un valor de $3.843 millones.
“No obstante, en el momento del cruce en cada ciclo de pagos, es posible que una persona no aparezca con reporte de fallecimiento, pero posteriormente en una actualización de la Registraduría ya aparezca y por ello se puede interpretar que Prosperidad Social programó un pago a un fallecido (información retroactiva)”, sostuvo García.
Desde la entidad, remitieron copias de algunos casos a la Fiscalía General de la Nación, así como solicitaron una mesa de trabajo con la Contraloría para cruzar los datos y establecer la realidad de los casos registrados por ese organismo.
Las transferencias monetarias de los programas como Jóvenes en Acción, Familias en Acción, Ingreso Solidario, Colombia Mayor y Devolución del IVA suman desembolsos por 32 billones de pesos, de los cuales 28 se han entregado en pandemia, de 60 billones destinados para tal fin.
SEGUIR LEYENDO: