Clan del golfo anunció el fin del paro armado: “Invitamos a nuestra base social a continuar sus actividades cotidianas”

A través de un comunicado, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) anunciaron el fin del paro armado en el que se encontraban algunas comunidades del país. Tal y como lo detallaron, a partir de las 12:00 de la noche del pasado 8 de mayo se clausuraron las acciones violentas que estaban adelantando y que ponían en riesgo la vida de la población y de quienes trataban de defenderla. La misiva evidencia que con esta decisión están de acuerdo el Bloque Central Urabá y sus frentes Juan de Dios Úsuga David; Gabriel Poveda Ramos; Efrén Vargas Gutiérrez; Carlos Vásquez; Pablo José Montalvo Cultiva y Zuley Guerra.

Lo que se plasmó en el documento sugiere que las acciones violentas iniciaron luego de la decisión de la administración del actual presidente colombiano de extraditar al exjefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Los integrantes de ese grupo armado al margen de la ley se refirieron al Gobierno nacional como ‘mezquino, soberbio y nefasto’. “Por presentar al comandante Otoniel como u gran criminal para justificar su extradición”, dice la misiva. El paro armado inició el pasado 5 de mayo, y la comunidad tuvo que quedarse dentro de sus hogares para evitar agresiones en su contra. Tuvieron cese total actividades sociales, económicas, educativas y culturales.

“En cuanto a los acontecimientos que se presentaron con nuestra población (...) condolencias para las personas que perdieron sus medios de transporte en el paro armado. Era necesario para que acataran directrices del Estado Mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y demostrarle al Gobierno sordo la capacidad política y militar”, se lee en la carta.

En su intervención, ese grupo armado delincuencial aclaró que es falso que se esté pretendiendo, de parte de ellos, extender acciones violentas o en contra del bienestar de la comunidad. Según ellos, es justamente la gente la base de su lucha. Desde el Bloque Central Urabá se manifestó que, en definitiva, el paro armado no continuará. “Invitamos a nuestra base social y a la ciudadanía general a continuar a partir de las 2:00 de la noche sus actividades cotidianas”, destaca el mensaje.

De acuerdo con información de las autoridades, a cuatro días del inicio del paro, la zozobra tenía bajo una inmensa incertidumbre a la población de 11 departamentos, es decir, unas 74 comunidades se vieron obligadas a vivir en confinamiento. De estas acciones resultaron detenidas más de 200 personas, entre ellas, 21 que ya tenía antecedentes y procesos judiciales vigentes. Los reportes indicaron que las zonas más afectadas fueron Antioquia, Bolívar, Magdalena, Chocó, Córdoba y Sucre. A estas cifras se suma la incineración de 180 vehículos y el bloqueo de vías principales.

“Este es el balance de las acciones de la Fuerza Pública para contrarrestar el constreñimiento armado a la libre movilidad: más de 72 mil toneladas de carga movilizadas 204 integrantes del Clan del Golfo entre capturados, neutralizados y sometidos 205 caravanas acompañadas”, destacó MinDefensa. Por su parte, el director de Seguridad Ciudadana de la Policía, el general Alejandro Bustamante, reveló que a cuatro días del paro se habían incautado 12 armas de fuego, 481 cartuchos, siete proveedores, granadas, un vehículo y una motocicleta.

Desde la Unidad de Investigación y Acusación de las Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se reportó, por el otro lado, que entre el jueves y viernes se había presentado u hostigamiento por parte de aquel grupo armado cada 20 minutos. El paro, calcula ese organismo, dejó cinco tentativas de homicidio en contra de la población civil, diez vías bloqueadas, 12 homicidios selectivos y cerca de 50 detenciones de las actividades del transporte. 20 de los 119 municipios atacados fueron vandalizados y marcados con el nombre de la organización delincuencial.

A todo esto se le suma el desabastecimiento de servicios necesarios como el gas. EPM (Empresas Públicas de Medellín) detallo que, inicialmente, 120 mil personas se quedaron sin ese recurso, específicamente los municipios de Apartadó, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Necoclí, Turbo San Juan de Urabá. San pedro de Urabá, Urrao, Remedios y Frontino.

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