Magnicidios: de Carlos Pizarro a Luis Carlos Galán, la cruenta historia de los candidatos a la Presidencia de Colombia asesinados

La amenaza de un atentado contra Gustavo Petro, poco antes de comenzar una gira política por el llamado Eje Cafetero, desató una tormenta política en Colombia. Tras intercambios de acusaciones de lado y lado el aspirante presidencial tuvo que regresar a las plazas públicas con chaleco y escudos antibalas. No es la primera vez que un candidato a la Presidencia de Colombia recibe intimidaciones. Lo que es más grave, hay antecedentes de cómo las advertencias de muerte hacia líderes políticos terminaron en magnicidios.

Las denuncias realizadas por el aspirante del Pacto Histórico, a falta de menos de un mes para las elecciones presidenciales, llevó al país a recordar los candidatos a la primera magistratura colombiana cuyos ideales fueron silenciados con la complicidad de narcotraficantes, estructuras paramilitares e, incluso, miembros de la Fuerza Pública. Las balas de quienes durante décadas han patrocinado la violencia —y lo siguen haciendo— acabaron con las vidas de Jaime Pardo Leal (1987), Luis Carlos Galán Sarmiento (1989), Bernardo Jaramillo Ossa (1990), Carlos Pizarro Leongómez (1990) y Álvaro Gómez Hurtado (1995).

Aquí, una recopilación de cómo las intimidaciones dirigidas a algunos candidatos presidenciales —tres durante sus campañas y dos luego de ellas— se tradujeron en asesinatos.

Pese a las amenazas en su contra por denunciar la persecución y el exterminio de la Unión Patriótica UP, partido que nació tras los Acuerdos de La Uribe entre las Farc y el gobierno de Belisario Betancur (1985), Jaime Pardo Leal no aceptó los servicios ofrecidos por el DAS para protegerlo. Quizá dudaba de las labores que pudiera adelantar este departamento de inteligencia y contrainteligencia, que, cómo se comprobó luego, tuvo que ver en otros magnicidios —valga recordar que solo en 2011, después del escándalo de interceptaciones ilegales durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez, fue suprimido por Juan Manuel Santos—.

El 11 de octubre de 1987, poco más de año después de haber sido el candidato a la presidencia por la UP —quedó tercero, con 328.752 votos, detrás de Álvaro Gómez Hurtado y el ganador Virgilio Barco— Pardo Leal fue asesinado mientras regresaba a Bogotá de un paseo con su familia en La Mesa, Cundinamarca.

Mientras conducía un vehículo campero, el dirigente político fue abordado por un grupo de sicarios, que se desplazaba en un Renault 18 azul, contratado por el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, en retaliación por haber sido señalado de financiar el paramilitarismo y de crear el grupo Muerte a Secuestradores (MAS). Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el genocidio de la UP dejó al menos a 5.733 víctimas.

Era tal la esperanza que la mayoría de los colombianos depositaba en Luis Carlos Galán —como lo evidenciaban tanto las encuestas como la asistencia masiva a las plazas públicas para escucharlo— que todavía hay quienes dicen que bajo su mandato la historia de Colombia hubiera sido distinta. Lo cierto es que, con la complicidad del Estado, fue asesinado bajo la orden de Pablo Escobar y Alberto Santofimio Botero

Luis Carlos Galán, cuya capacidad discursiva era comparada con la de Jorge Eliécer Gaitán, recibió cinco impactos de bala de una subametralladora Mini Atlanta mientras realizaba un recorrido de campaña en Soacha, Cundinamarca. Pese a haber sido a trasladado al hospital de Bosa, y luego remitido al de Kennedy, murió esa misma noche, la del 18 de agosto de 1989.

Por el magnicidio, la justicia condenó al exdirector del DAS Miguel Maza Márquez, quien designó al Jacobo Torregrosa como jefe del esquema de seguridad de candidato el mismo día de su recorrido en Soacha, con la evidente intención de facilitar el asesinato. Lo mismo hizo con Manuel Antonio González, jefe de la división del orden público del DAS, y Alberto Santofimio, exministro de Justicia, exsenador y, en dos ocasiones, candidato presidencial.

De Jacobo Torregrosa, quien antes de fungir como jefe de seguridad de Galán estuvo preso en los Estados Unidos por narcotráfico, aún se desconoce su paradero. Hay quienes plantean que la mafia lo asesinó para no dejar cabos sueltos, pero en 2015 el periodista Gonzalo Guillén planteó otra hipótesis: habría huido a Venezuela, con otro nombre.

Al igual que Luis Garlos Galán, denunció con fervor las alianzas del narcotráfico con el paramilitarismo, pero sobre todo, la manera en que permeó la esfera política. Tras suceder a Jaime Pardo Leal en la presidencia de la Unión Patriótica, se convirtió en el candidato de ese partido político para buscar la Casa de Nariño para el periodo 1990 y 1994.

Fue asesinado el 22 de marzo de 1990 en el Puente Aéreo de Bogotá, donde, junto a su esposa, Mariela Barragán, pretendía tomar un vuelo rumbo a Santa Marta; en la capital del Magdalena, luego de unos días de vacaciones, planearía su campaña presidencial. También estuvo amenazado, pero como “no tenía por qué correr, huir o esconderse”, de acuerdo con su compañera sentimental, siempre se rehúso a vestir un chaleco antibalas.

En presencia de Barragán y pese a contar con cerca de 20 miembros del DAS como escoltas, recibió cuatro disparos de Andrés Arturo Gutiérrez, de tan solo 16 años de edad, el sicario escogido para perpetrar el crimen. Aunque se señaló a Pablo Escobar y los hermanos Castaño del magnicidio, ellos lo desmintieron.

Hoy todavía busca esclarecerse quiénes dieron la orden de asesinar a Bernardo Jaramillo Ossa, y no se desestima participación del DAS. En algún momento la Fiscalía planteó que tanto este magnicidio como los de Carlos Pizarro y Jaime Pardo Leal fueron planeados en el Hotel Nutibara, Medellín, por un sector de la élite del país, integrado por empresarios, políticos y miembros de la cúpula militar.

Carlos Pizarro Leongómez fue el último comandante del M-19 y quizá el más recordado. Es el padre de las congresistas electas del Pacto Histórico, María José y María del Mar. Fue quien lideró las negociaciones para que la guerrilla se desmovilizara, aun cuando entendía que la firma de la paz sería su condena: dos meses después de haber entregado las armas en Cauca fue asesinado.

El candidato presidencial del partido Alianza Democrática 19 de abril, el mismo que buscó “que la vida no fuera asesinada en primavera”, recibió 15 disparos de una ametralladora en un vuelo de la compañía Avianca durante el recorrido Bogotá-Barranquilla.

Aún no se ha establecido cómo Gerardo Gutiérrez Uribe, alias Yerry, el asesino, salió con una metralleta del baño del avión para matar a Pizarro el recordado 26 de abril de 1990. También persiste la duda de si los miembros del DAS que escoltaban al candidato tuvieron que ver: en lugar de capturar al sicario, le dispararon presuntamente con intención de callarlo, conforme con algunas hipótesis de la Fiscalía.

Si bien Fidel y Carlos Castaño confesaron ser los autores intelectuales del crimen, no hay condenas contra los actores del Estado involucrados. Lo cierto es que fue asesinado 34 días después de Bernardo Jaramillo Ossa y nueve meses después de Luis Carlos Galán.

El 3 de octubre de 2020, la extinta guerrilla de las Farc, hoy partido Comunes, reconoció a través de una carta dirigida a la Justicia Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Sin embargo, la familia del periodista, líder conservador y tres veces candidato a la presidencia (1974, 1986 y 1990) plantea que se está obstruyendo la verdad, dado que la estructura subversiva nunca había sido contemplada como autora del crimen.

Gómez Hurtado fue asesinado el 2 de noviembre de 1995 cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda, después de dictar una clase de cultura colombiana. Junto con su escolta, José del Cristo Huertas, Gómez Hurtado falleció en la Clínica El Country, en el norte de Bogotá, a escasas 10 calles de donde recibió los disparos.

Sobre el magnicidio se han manejado tres hipótesis. En la primera se relaciona como autores intelectuales a los hermanos Rodríguez Orejuela, en cabeza del Cartel de Cali, salpicando incluso al expresidente Ernesto Samper tras el escándalo del Proceso 8.000, que reveló la financiación del narcotráfico a su campaña presidencial de 1994. No obstante, al otrora jefe de Estado nunca se le comprobó culpabilidad en el crimen.

En la segunda, se planteó la alianza entre militares de extrema derecha con supuestos paramilitares del departamento de Sucre, y en la tercera, la participación de hombres de la Brigada 20 del Ejército en una supuesta retaliación porque Gómez Hurtado no se habría prestado para apoyar un intento de golpe de Estado al gobierno Samper.

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