La ONU, preocupada por la violencia en el noroccidente de Colombia producto del paro armado

Este sábado 7 de mayo la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia manifestó su preocupación por la grave situación de seguridad que se presenta al noroccidente del país, luego que el Clan del Golfo anunciara un paro armado como represalia a la extradición de su máximo cabecilla a los Estados Unidos, alias Otoniel.

Las Naciones Unidas señaló que ha recibido información relacionada a graves hechos de violencia y restricciones a la movilidad en contra de las poblaciones de los departamentos como Córdoba, Cesar, Sucre, Chocó y Antioquia, así como en regiones históricamente afectadas por el conflicto armado como los Montes de María y Sur de Bolívar, en los que se habrían presentado “posibles homicidios”.

“Urgimos a los grupos armados no estatales a respetar los derechos de la población civil. A su vez, instamos al Estado a tomar medidas oportunas de protección y garantía de los derechos de las comunidades afectadas, especialmente en zonas rurales”, indicó la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia a través de redes sociales.

Las Naciones Unidas se suman a las entidades en el país que han manifestado su preocupación frente a la grave situación que se ha presentado desde la madrugada del jueves en once departamentos del territorio nacional, cuando las también llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, consideradas la banda criminal más grande de Colombia, compartieron comunicados en los que decretaban represalias por la entrega de Dairo Antonio Úsuga al Gobierno de los Estados Unidos.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo confirmó el asesinato de Ever Ortega Monroy, quien era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Helena, en el municipio de Norosí, en el Sur de Bolívar, una de las regiones que han sido afectadas por las acciones terroristas que estarían promoviendo los cabecillas del Clan del Golfo para amedrentar a las comunidades.

“A través de la Regional del Magdalena Medio coordinamos, con autoridades y fuerza pública, el acompañamiento a los funcionarios que adelantaron el levantamiento del cuerpo. Activamos ruta de atención a líderes y lideresas sociales de la zona, de acuerdo a Alerta Temprana 026-2018″, señaló la Defensoría frente a este homicidio que sería el número 13, según los registro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego que el Clan del Golfo decretara el paro armado el pasado jueves.

Por su parte, la procuraduría rechazó los actos terroristas que se han perpetrado en los departamentos del noroccidente de Colombia, en los que se ha registrado la incineración de vehículos de carga y de transporte público, y restricciones a la movilidad y amenazas a las comunidades de estos territorios históricamente afectados por el conflicto armado.

“Desde las procuradurías territoriales hemos instado a las administraciones departamentales, municipales y Fuerza Pública para que se instale de manera permanente el Puesto de Mando Unificado, para articular los esfuerzos y actuaciones pertinentes que permitan prevenir y mitigar los escenarios de violencia en estas zonas del país”, señaló la procuradora general, Margarita Cabello.

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