En medio de la campaña presidencial y luego de la masacre en Puerto Leguizamo, Putumayo, varios congresistas de la oposición al gobierno de Iván Duque enviaron una carta de advertencia a las Naciones Unidas donde aseguran que en Colombia no cesan las ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos.
La misiva, redactada por los senadores Iván Cepeda (Polo Democrático) y Antonio Sanguino y Angélica Lozano (Alianza Verde), fue remitida a Morris Tidball-Binz, relator especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales y en ella documentan varios de los más recientes hechos violentos que han azotado a los colombianos.
Uno de ellos fue donde murieron once civiles, incluido un menor de edad, en la vereda Alto Remanso, del municipio Puerto Leguizamo, donde el Ejército atacó a la población civil luego de ir, presuntamente, en busca de narcos. Para los congresistas, esta situación no es aislada, sino que ya es repetitiva en varios sectores del país.
“Gracias al trabajo de investigación de un equipo de periodistas que, junto con organizaciones de derechos humanos, recorrió la zona de los hechos en una misión humanitaria y de verificación, y recaudó testimonios y evidencias de esa operación militar. Ha logrado establecerse que en tal operativo fueron asesinados civiles, presentados como guerrilleros muertos en combate, en medio de una vereda habitada permanentemente por población civil”, señalaron.
Para los citados senadores, el Ejército de Colombia incumplió con lo establecido en el derecho internacional humanitario dado que, cuando llegaron al lugar de los hechos, no primaron el bien común y atacaron a la comunidad civil.
“Eran conscientes que la zona en la que estaban desplegando su operativo militar era un pequeño poblado habitado por civiles, que -en su mayoría- se encontraban durmiendo al interior de sus casas, y donde suelen realizarse las actividades propias de la cotidianidad entre civiles, como jugar en la cancha de futbol, bailar con sus vecinos, e incluso realizar un bazar. Pese a ello, se desarrolló el operativo”, expresaron en la misiva donde cuestionan al presidente Iván Duque, al ministro de Defensa, Diego Molano; y al general del Ejército, comandante Eduardo Zapateiro.
En otros de los apartes de la carta de 23 hojas, los parlamentarios señalan varias de las inconsistencias que evidenciaron en el operativo que, inclusive, llevó al ministro Molano a una fallida moción de censura en su contra.
“Los hechos descritos son -entre otras cosas- una infracción al IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, convención que ha sido ratificada por Colombia y que establece en el título I, artículo 3, la prohibición de la toma de rehenes de personas que no participen directamente en las hostilidades, al tratarse de un conflicto interno”, argumentaron.
Finalmente, y luego de nutridos argumentos sobre la polémica operación militar, Cepeda, Sanguino y Lozano aseguran que lo ocurrido en territorio putumayense no es un hecho aislado, sino que ellos tienen documentación de que es algo sistemático.
“A la fecha hemos logrado documentar por lo menos otros cinco (5) casos con patrones de acción semejantes, que sin ser los únicos ocurridos en los últimos cuatro (4) años en Colombia, ponen de presente que las ejecuciones extrajudiciales siguen ocurriendo en nuestro país, y que por la forma en que hoy se desarrollan sus víctimas pueden ser personas de muy diferentes perfiles, en el marco de operaciones muy diversas, como pasamos a explicarlo a continuación”, dijeron.
Es más, recordaron otros operativos militares desarrollados bajo el mandato de Iván Duque donde las fuerzas militares habrían bombardeado varios campamentos con menores de edad. “11 de 30 bombardeos realizados por las FFMM han muerto 28 niños, niñas y jóvenes (Anexo 21). Esa cifra representa un 38,7% de los bombardeos autorizados, lo que a su vez equivale a que de cada tres (3) bombardeos en uno (1) han muerto menores de edad. Entre 2018 y 2022 ocurrieron los siguientes ataques aéreos: 6 en 2018, 9 en 2019, 6 en 2020, 8 en 2021, y 1 en lo que va corrido de 2022″, expresaron.
En otros apartes de la extensa carta recordaron los falsos positivos durante los gobiernos de Álvaro Uribe documentados por la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, y pidieron una exhaustiva intervención de la comunidad internacional en el país; es más, le solicitaron a la ONU exhortar al Gobierno a “vigilar el estricto cumplimiento de las normas internacionales vigentes, aplicables en Colombia para situaciones de normalidad e incluso en escenarios de conflicto armado, así como realizar los llamados que estime pertinentes para asegurar su observancia por parte del Estado”, concluyeron.
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