Judicializan a contratista de obra en estadio de Bucaramanga que se apropió de $1.295 millones

Artemio Suárez aceptó los cargos por cohecho y peculado por apropiación que le imputó la Fiscalía y fue enviado a casa por cárcel. El contrato está relacionado con el entramado de corrupción en el que está vinculado el exgobernador Richard Aguilar

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Estadio Alfonso López de Bucaramanga.
Estadio Alfonso López de Bucaramanga. (Colprensa-Miguel Vergel/Vanguardia)

En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Artemio Suárez Díaz, uno de los contratistas que estuvo detrás de la obra de reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga. Según el ente acusador, se pudo recolectar el material probatorio necesario para vincular a este hombre con los actos de corrupción y las irregularidades financieras en medio de la contratación de esa obra.

En medio de la audiencia de imputación de cargos, al acusado aceptó los cargos por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación. Tras escuchar las acusaciones, el jues determinó que el contratista deberá cumplir con medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia.

Según el comunicado de la Fiscalía, para quedarse con el contrato 766 de 2015, Artemio Suárez “pagó $700′000.000 a los funcionarios encargados de la selección del contratista, con el propósito de que en el proceso contractual escogieran y beneficiaran a la unión temporal de la que hacía parte con una de sus empresas”.

Efectivamente, el contratista logró celebrar el contrato que tuvo un costo total de 22.000 millones de pesos y por el cual se aprobó el pago de un anticipo de 40%.

“De esta suma, Suárez Díaz, supuestamente, se apropió de 1.295 millones de pesos y los sustentó como si correspondieran a dineros de un contrato de transporte de material y retiro de escombros, actividades que nunca se realizaron”, detalló la Fiscalía en su comunicado.

El ente investigador sustentó toda esta información con las facturas falsas que presentó Suárez para contribuir en todo el entramado de corrupción detrás de esta importante obra en Bucaramanga.

Cabe recordar que por este mismo caso han sido capturados Richard Aguilar; su asesor, Julián Jaramillo, y el contratista Octavio Reyes.

En febrero de este año ya la Fiscalía había impuesto medida de aseguramiento al exdirector de Proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Santander, Julián Libardo Jaramillo, y al contratista Octavio Reyes, por presuntas irregularidades en un contrato de reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga por un valor de $22.027 millones.

El ente investigador evidenció que el exasesor y el contratista estaban presuntamente involucrados en múltiples irregularidades detectadas en la fase precontractual, contractual y ejecución de un contrato que contemplaba el reforzamiento estructural y la adecuación del estadio Alfonso López, el Coliseo Vicente Díaz Romero, y una piscina olímpica en la capital santandereana.

“El material de prueba da cuenta de que los hoy procesados habrían participado en reuniones en las que se ajustaron los términos de la licitación. Al parecer, Reyes Sarmiento recibió información privilegiada para mejorar su oferta y propuesta comercial para quedarse con el contrato de obra, como efectivamente ocurrió”, indicó la Fiscalía.

Los detalles de la investigación por los que fue capturado Richard Aguilar

Richard Aguilar
Richard Aguilar

De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, cuatro contratos firmados por Aguilar entre 2012 y 2015 tienen irregularidades.

El primer contrato que abrió la investigación fue el reforzamiento del Estadio en la Villa Olímpica Alfonso López de Bucaramanga, que desde que Aguilar dejó la Gobernación, un año después de firmarlo, se empezó a cuestionar las irregularidades. Un contrato que se firmó el 26 de febrero de 2015 y que terminó costando un 40 % más del valor inicial, parte de los dineros, cerca de 2.900 millones de pesos, que presuntamente fueron destinados a coimas que recibieron la secretaria de infraestructura, su esposo y un interventor.

El contrato recibió esa adición, de acuerdo con el diario Vanguardia, tan solo un año después cuando llevaba el 16% de ejecución y estuvo cerca del límite para ese aumento del presupuesto. Debido a las denuncias de otros políticos y veedores, la Fiscalía investigó el contrato y llamó al constructor.

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