Familia de Cundinamarca obtuvo 1.500 millones de pesos en créditos con papeles falsos

La Fiscalía General de la Nación acusó a trece personas —pertenecientes a una misma familia— de participar en una multimillonaria estafa con créditos de libranza, aquellos que las entidades financieras ofrecen a empleados y pensionados de empresas privadas o públicas, que tienen intereses significativamente más bajos que otros créditos de consumo y que se pagan con destajo a los salarios mensuales que reciben.

Las personas utilizan estos créditos con todo tipo de propósitos: pagar viajes, hacer reparaciones locativas, financiar la educación de los hijos, comprar muebles o electrodomésticos y pagar otras deudas, entre otras cosas. Los intereses son bajos y su tasa de aprobación es alta porque para los bancos es casi seguro que recibirán su dinero de vuelta.

Esta situación fue aprovechada por Diana Milena Cruz Cruz, la jefe de gestión humana de una empresa metalmecánica de Cundinamarca —y que ya recibió condena por estos hechos—. Entre enero y octubre de 2019, la mujer facilitó certificados laborales de esa empresa a 34 personas que no hacían parte de la nómina, de modo que pudieran recibir desembolsos de entre 40 y 60 millones de pesos.

Además de emitir la documentación falsa, Cruz Cruz estaba en contacto permanente con los beneficiarios de estas libranzas fraudulentas y los acompañaba personalmente a retirar el dinero cuando ya había sido desembolsado. El ente acusador no deja claro si Cruz Cruz recibía una parte de estos desembolsos o si algunos de los titulares respondió a su nueva obligación financiera.

La entidad bancaria terminó desembolsando un total de 86,168,831 pesos a estas personas, integrantes de la misma familia y cuyos oficios ni se acercaban a los de la empresa metalmecánica a la que dijeron pertenecer para recibir los créditos: eran agricultores y empleados de hoteles, entre otras cosas. No obstante, la conducta por la que se les procesa es la de acceder a un préstamo sin cumplir con el requisito principal.

El ente acusador presentó en esta oportunidad a trece personas, de las 34 presuntamente implicadas en la multimillonaria estafa, ante un juez de control de garantías. Según su posible nivel de responsabilidad, los sindicaron por delitos como estafa continuada agravada y falsedad ideológica en documento privado. Todos ellos aceptaron los cargos.

En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Artemio Suárez Díaz, uno de los contratistas que estuvo detrás de la obra de reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga. Según el ente acusador, se pudo recolectar el material probatorio necesario para vincular a este hombre con los actos de corrupción y las irregularidades financieras en medio de la contratación de esa obra.

En medio de la audiencia de imputación de cargos, al acusado aceptó los cargos por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación. Tras escuchar las acusaciones, el jues determinó que el contratista deberá cumplir con medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia.

Según el comunicado de la Fiscalía, para quedarse con el contrato 766 de 2015, Artemio Suárez “pagó $700′000.000 a los funcionarios encargados de la selección del contratista, con el propósito de que en el proceso contractual escogieran y beneficiaran a la unión temporal de la que hacía parte con una de sus empresas”.

Efectivamente, el contratista logró celebrar el contrato que tuvo un costo total de 22.000 millones de pesos y por el cual se aprobó el pago de un anticipo de 40%.

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