Este viernes se llegó a un acuerdo para el traslado de las comunidades indígenas que acampan en el Parque Nacional de Bogotá desde el 29 de septiembre pasado. Según un comunicado emitido por la Secretaría de Gobierno, estas personas se dirigirán este sábado 7 de mayo a la Unidad de Protección Integral (UPI) que actualmente está instalada en el Parque La Florida, en la localidad de Engativá.
En ese lugar, el Distrito les ayudará a suplir sus necesidades básicas y les abrirá espacios para que comercialicen sus productos. Además, el acuerdo incluye un plan para reivindicar sus derechos y garantizar espacios de participación. En el caso de las familias que deseen regresar voluntariamente a su lugar de origen, el Ministerio del Interior y la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV) se encargarán de la logística y del apoyo a sus proyectos productivos.
Con las familias que decidan quedarse a vivir en Bogotá, se acordó que tendrán apoyo para su reorganización y acompañamiento psicosocial, con el fin de restablecer sus condiciones sociales y económicas.
Este es el resultado de dos días de negociación entre las comunidades indígenas, el Gobierno Distrital, el Ministerio del Interior y la Unidad para las Víctimas, con la mediación de la Comisión de la Verdad y el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Interior y la Personería de Bogotá.
Jairo Montañez, coordinador de las Autoridades Indígenas, aseguró que tiene fe en que “los acuerdos firmados con el Gobierno Nacional y Distrital se cumplan. No solo beneficia a los 15 pueblos indígenas, sino a toda una ciudadanía”. Patricia Tobón, delegada de la Comisión de la Verdad, reconoció que el acuerdo pone a las víctimas como prioridad: “fue un diálogo fructífero y podemos decirle a la ciudadanía que más allá de entregar el parque estamos trabajando por dignificar a los pueblos indígenas”.
Por su parte, Felipe Jiménez, el secretario de Gobierno, agradeció la gestión de Tobón y del defensor para la conflictividad, Jorge Calero. “También agradezco a los indígenas y a quienes ofrecieron acompañamiento para sacar adelante este acuerdo”, dijo.
La reunión
Según declaraciones dadas por Jiménez al inicio de la semana, con estas reuniones buscaron “llegar a acuerdos basados en el Plan de Desarrollo Distrital y apoyar a las comunidades indígenas ubicadas en el Parque Nacional desde septiembre de 2021″.
El funcionario recordó que el distrito ha propiciado los servicios de educación, salud y recreación a la comunidad emberá que se asentó en el Parque Nacional. Esas acciones se dieron después de que un juzgado de pequeñas causas de la capital admitiera una tutela interpuesta por el personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón, por vulneración de derechos.
El juez le ordenó al distrito otorgar todas las medidas de atención y asistencia humanitaria integral en materia de salud, seguridad alimentaria, salubridad y suministro de agua potable que garantizaran su bienestar. Asimismo, debían garantizar un alojamiento transitorio, como lo es la Unidad de Protección Integral (UPI) en la Florida, junto con la caracterización de la población para lograr el retorno a sus territorios de origen.
“En las últimas horas fuimos notificados por el juez de segunda instancia de la nulidad de la tutela. En este nuevo escenario, podemos encontrar una solución estructural que permita el goce efectivo de los derechos de esta población y también una buena utilización del espacio público”, comentó Jiménez.
Por su parte, el viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena, aseguró que, “desde el primer día el Gobierno nacional ha estado atendiendo a esta población con todas las garantías”. Asimismo destacó su compromiso por llegar a soluciones a través del diálogo; posición que compartió Ramón Alberto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional para la Atención a las Víctimas (AURIV), “consideramos que lo mejor es que estén en su territorio; mientras tanto, continuaremos con nuestra oferta institucional”.
El alto consejero Distrital de Paz, Vladimir Rodríguez, afirmó que es necesaria una política integral en los territorios para solucionar los problemas que vive la comunidad. “De la mano con la Nación y la Secretaría de Hábitat venimos construyendo alternativas para que aquellos beneficios a los que tienen derecho las víctimas del conflicto, de especial protección, se desarrollen en donde corresponde, con las autoridades ancestrales y en sus resguardos”, puntualizó el funcionario.
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