EPM reporta escasez de gas natural en varios municipios antioqueños debido al paro armado del Clan del Golfo

Ya van tres días de paro armado declarado por el grupo al margen de la ley, Clan del Golfo, razón por la que algunas poblaciones del país permanecen con los establecimientos comerciales cerrados, sin vehículos en sus vías y con los habitantes resguardados en sus casas.

El incumplimiento de dicho mandato del grupo narcoparamilitar ha dejado varios vehículos quemados, personas muertas y una serie de problemas económicos para empresarios, transportadores, cargueros y, en especial, para los habitantes de los lugares más afectados.

Hasta el momento, Empresas Pública de Medellín (EPM) informó que ha tenido inconvenientes para poder transportar el gas natural hacia algunos municipios del oriente antioqueño como el Abejorral, La Unión, Corconá, Sonsón y San Luis, según dieron a conocer en un comunicado emitido este sábado en horas de la mañana a través de redes sociales:

Sin embargo, en un nuevo informe, también publicado en redes sociales caso dos horas después, hablaron del restablecimiento del servicio de gas natural a tres municipios de los anteriormente nombrados, gracias al trabajo conjunto realizado con las autoridades de la región.

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En el comunicado han dicho también que esperan poder reactivar el servicio en otros lugares en donde también se han visto afectados por el paro armado.

Entretanto, otros reportes sobre la situación que ya deja la manifestación del Clan del Golfo por la extradición de su máximo cabecilla, Dairo Antonio Úsuga alias ‘Otoniel’ a los Estados Unidos, preocupa a los alcaldes de las regiones, puesto que ya se habla de desabastecimiento de alimentos y otros productos.

Hasta la noche del viernes las autoridades reportaron más 90 actividades violentas y un total de más de 60 municipios afectados por los hechos terroristas que se registran.

Ante la situación, el ministro de Defensa, Diego Molano, hizo presencia en Montería para reunirse con los gobernadores de cada uno de los cinco departamentos azotados por los hechos violentos, para poder determinar un plan que les permita proteger a las comunidades y a la vez acabar con el control del grupo armado en algunos lugares.

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Desde diferentes sectores han hecho un llamado al presidente Iván Duque para que refuerce la seguridad en las regiones, pero además ha sido criticado por parte de Juan Pappier, investigador senior para las Américas de Human Rights Watch , quien dijo “Una vez más, falla la política de seguridad del Gobierno” e “Insisten con una política errada. El costo lo pagan las comunidades”.

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