La Sección de Ausencia de Reconocimiento, de la Jurisdicción Especial para la Paz, será la que determine si las publicaciones hechas en las cuentas de Twitter y YouTube del coronel retirado Mejía incumplen con las obligaciones adquiridas en materia de garantías y no repetición. La magistratura de Gustavo Salazar Arbeláez anunció la investigación tras ocho meses de la solicitud hecha por los representantes de las víctimas, los cuales denunciaron que los contenidos relacionados con el paro nacional del año 2019, reformas tributarias, entre otros, violentaron los acuerdos pactados.
Según la JEP, el coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez actualmente goza de una libertad transitoria, condicionada y anticipada, gracias al acogimiento ante la jurisdicción de forma libre y voluntaria, pero recalca que para mantener estas condiciones, el e uniformado, se comprometió a mantener su intención y compromiso con la verdad y reparación.
“Así, al señor Publio Hernán Mejía Gutiérrez le son exigibles las obligaciones establecidas en la ley, de tal manera que su incumplimiento no solo puede impedir el acceso a los tratamientos diferenciales, sino que puede conllevar su pérdida. Una verdadera falta manifiesta de fidelidad a los fines transicionales o de interés en realizarlos, el compromiso se entiende seriamente falseado”, informó la JEP.
Al parecer, los representantes de las víctimas presentaron un memorial, el cual abrió una investigación el 21 de agosto del 2021, en la que se encontró que el 28 de abril de ese mismo año, a través de su cuenta de Twitter, el general Mejía pidió que la fuerza pública realizar acciones que podrían afectar a los manifestantes generando escenarios de violencia:
“Ha omitido su deber de abstenerse de replicar fenómenos de criminalidad y violencia que dieron origen al conflicto armado, y de realizar acciones que puedan contribuir a generar nuevos escenarios de violencia. El compareciente ha sostenido públicamente la necesidad de atacar a quienes decidieron ejercer su derecho legítimo a la protesta social en contra del actual gobierno colombiano, pues los cataloga como “enemigos de la patria” y “terroristas” y los señala como “objetivos legítimos” que deberían ser “neutralizados” y ‘dados de baja’”.
La JEP toma como ejemplo un tweet del 19 de junio de 2021 donde Mejía publicó: “No conozco otra manera diferente para derrotar el terrorismo que neutralizándolos y dándolos de baja. Lo demás es debilidad y rendición”.
A partir de estos hechos, la JEP aplicará lo decretado en el artículo 67 de la Ley 1922 de 2018, por lo que apertura formalmente un proceso por el incumplimiento a los acuerdos adquiridos con la jurisdicción, además, trasladará la solicitud y las pruebas del general retirado a la Procuraduría General de la Nación.
Dentro del material probatorio, se anexan 80 tweets publicados por Mejía Gutiérrez y un vídeo en su canal de YouTube, que le podrían hacer perder los beneficios adquiridos, así como sumar otros cargos a los que adicionalmente se les adelantan las respectivas investigaciones. Cabe recordar que, Mejía era el comandante del batallón ‘La Popa’, el que presuntamente sería responsable de cometer crímenes de guerra y lesa humanidad, derivados del asesinato de 75 personas presentadas como bajas en combate en el norte del departamento del Cesar y el sur de La Guajira.
De hecho, el magistrado Salazar ordenó que la Unidad de Investigación y Acusación descargue todos los registros y contenidos de las redes sociales del general retirado, con el fin de proteger el material probatorio y evaluar el impacto que estos mismo generaron en internet.
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