Este jueves 5 de mayo la Defensoría del Pueblo reiteró su exigencia a los grupos armados ilegales para que no atenten contra la población civil, luego de conocer que el Clan del Golfo, considerada la mayor banda delincuencial en Colombia, declaró un paro armado en varias regiones al noroccidente del país en represalia a la extradición a los Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.
Este llamado realizado por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se presenta horas después que las también llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) ordenaran el cierre de locales comerciales y restringieran la movilidad de comunidades en las regiones del Sur de Córdoba, Bajo Cauca Antioqueño, Urabá-Darién, Sur de Bolívar, Magdalena Medio, especialmente en los departamentos de Córdoba, Antioquia y Sucre.
“Ante las escalda de acciones violentas en varias regiones al noroccidente del país desde la Defensoría del Pueblo activamos el comité de verificación de emergencia en las regionales de varias de estas localidades con el fin de verificar de manera permanente la situación de derechos humanos de las comunidades. Hago un nuevo llamado a los grupos armados ilegales que tienen presencia en esta zona para que se abstengan de atentar contra la población civil y los vienes civiles”, señaló el funcionario ante la grave situación que se registra en el territorio nacional.
Dentro de los casos que representan mayor preocupación para la entidad se encuentra el asesinato de una persona en la plaza de mercado del municipio de Cereté, Córdoba, a donde llegaron hombres armados en la mañana de este jueves para exigir el cierre de los establecimientos comerciales, localidad en la que también se registró la irrupción de hombres armados en una institución educativa en la que ordenaron la suspensión de clases y realizaron disparos al aire.
Asimismo, la Defensoría denunció que en el municipio de Aguas Negras, departamento de Sucre, hombres armados interceptaron un bus, en el que obligaron a los pasajeros y al conductor bajarse del vehículo para posteriormente incinerarlo, a su vez, en el municipio de Chalán se evidenció que algunas edificaciones amanecieron con inscripciones de las ‘AGC’ y hombres armados exigieron a los habitantes de la zona rural no salir de sus casas.
“Ante este escenario solicitamos medidas urgentes a las autoridades para garantizar la protección de los derechos individuales y colectivos de los habitantes y las comunidades de esta región del país. Durante esta jornada seguiremos haciendo la verificación de hechos en otras regiones del país, y nuestras regionales permanecerán antenitas para coordinar las acciones necesarias con la institucionalidad del nivel local, regional y nacional”, concluyó Camargo.
Tras la amenaza, las Fuerzas Militares de Colombia anunciaron que, en conjunto con la Policía Nacional, desplegará un dispositivo especial de seguridad en todo el país. Según RCN Radio, fuentes dentro de la fuerza pública aseguraron que, “el mecanismo será implementado sobre las principales vías del departamento de Antioquía, los cascos urbanos y las áreas rurales de los municipios con el fin de mantener la movilidad y seguridad de quienes se desplazan por estas áreas”.
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