Alcaldías y gobernaciones tendrán que devolver casi 90 mil millones de pesos tras el fallo de la Corte sobre Ley de Garantías

En total serían 32 administraciones municipales y la del departamento del Huila las que tendrían que devolver los recursos que obtuvieron tras firmar convenios con el Ministerio del Interior. Algunas otras entidades también habrían suscrito casi 5 mil contratos en vísperas de esta ley.

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Solamente en enero del 2022
Solamente en enero del 2022 se llegaron a suscribir hasta 32 mil contratos por día. En promedio se manejaban 6400, según la Agencia Nacional de Contratación.

Cuatro meses antes de los procesos electorales empieza a regir la Ley de Garantías; que en resumen pretende restringir a entidades estatales, alcaldías, gobernadores y sus funcionarios, adelantar convenios interadministrativos que ejecuten recursos públicos. En el caso de este año, empezó a regir el 29 de enero; pero, entre el 12 y 24 de diciembre a 32 diferentes departamentos y municipios se les aprobaron contratos con valores entre $ 613 millones y 20 mil millones de pesos; los cuales suman casi los 90 mil millones.

Los convenios los firmaron las administraciones con el Ministerio del Interior; se registraron y publicaron en el Sistema de Contratación Pública y allí se contempla que montos se pasaron a que población.

En ese sentido, se ve que al municipio de Buenavista se le aprobaron 613.112.000 pesos, que fue a la administración que menos se le pasó. La Gobernación del Huila es una de las administraciones que deberán devolver recursos, a esta se le aprobaron dos contratos: el primero el 22 de diciembre por 7.733.655.176 pesos y $ 1.874.777.425 que se le otorgaron el 23 de diciembre del año pasado, un solo día de diferencia entre cada acuerdo. El municipio de Sabaneta, del departamento de Antioquia es al que más se le aprobó, en el listado publicado por Blu Radio; según este, se ve que le giraron 20 mil millones de pesos.

Curiosamente, al momento de aprobarse una reforma a la Ley de Garantías, consagrado en el artículo 124 de la Ley 2159 que señala: “con el propósito de promover la reactivación económica y la generación de empleo en las regiones, a partir de la publicación de la presente ley y durante la vigencia fiscal 2022, la Nación podrá celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación”, aprovechando esto, se conoció que entre el 13 de noviembre del 2021 y el 29 de abril de este año, según Colombia Compra Eficiente se suscribieron casi 4500 convenios y/o contratos, los cuales superan los 8,5 billones de pesos.

El Instituto Nacional de Vias, INVÍAS, fue uno de los más activos durante la coyuntura, pues asignó más de 250 contratos, por montos aproximados a los 2,9 billones de pesos; el mismo Ministerio del Interior en total suscribió 86 contratos por casi 655 mil millones de pesos; e incluso, la dirección de adquisiciones del Ejército Nacional tiene un contrato por 330 mil millones de pesos.

Esos repentinos contratos, indicó la Agencia Nacional de Contratación Pública, registraron un importante incremento, prácticamente 5 veces más que el volumen ordinario que maneja la entidad; solamente en enero del 2022 se llegaron a suscribir hasta 32 mil contratos por día. En promedio se manejaban 6400.

Otras entidades gubernamentales no tendría ningún inconveniente. De acuerdo con el contrato número MSPS-1014-2021 (proceso MSPS-CD-936-2021), el cual fue celebrado transaccionalmente y publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), el Ministerio de Salud le otorgó 599 mil millones de pesos a la gobernación de Risaralda para la contratación y construcción de un hospital. Este contrato fue firmado el día 12 de noviembre de 2021, es decir, un día antes de que entrara en vigencia el artículo 124 de la Ley 1259 de 2021, que modificaba la prohibición contenida en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005

Cabe resaltar, que, según el fallo de la Corte Constitucional, los contratos que en este momento se estén ejecutando, pero no se hayan completado, se liquidarán y pagarán hasta lo que se logró desarrollar. Además, a partir de la fecha del pronunciamiento, el 5 de mayo, no se pueden suscribir convenios interadministrativos y los que se encuentren en curso deberán terminar.

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