Senador Rodrigo Lara insiste en que es necesario establecer reglas para las encuestas electorales

Las encuestas de intención de voto no terminan por convencer a los candidatos ni a sus seguidores. Dos mediciones reveladas el pasado fin de semana terminaron por minar la confianza de varios sectores, que impulsaron de nuevo la iniciativa del senador Rodrigo Lara para establecer lo que ha llamado “reglas claras” a esas herramientas de medición.

Con el apoyo de 52 congresistas, 23 senadores y 29 representantes de diferentes partidos políticos, Lara radicó en el Congreso un proyecto de ley para “garantizar la calidad y fiabilidad de estos instrumentos de medición de la intención de voto de los colombianos”.

El senador Lara considera que las encuestas y sondeos políticos, que buscan medir la intención de voto de cara a las elecciones, terminan por influir en los comicios. Además, en los últimos años se han presentado varios errores en la identificación de las preferencias y tendencias de los ciudadanos, por lo que para el congresista es preocupante las dudas respecto a cómo se realizan esas mediciones.

“En los últimos años, ha habido una verdadera indignación por la imprecisión de los instrumentos estadísticos utilizados para conocer las preferencias políticas del electorado. Esto ha sembrado sospechas sobre la transparencia y fiabilidad de estos estudios en los que se basan muchas personas a la hora de decidir su voto. Por eso tenemos el imperativo de garantizar la calidad de la información que muchos ciudadanos utilizan para tomar sus decisiones políticas”, dijo el senador.

Por ejemplo, este fin de semana se conocieron los resultados de las encuestas presidenciales de las firmas Invamer y Guarumo EcoAnalítica, que fueron cuestionadas por miembros de la Coalición Centro Esperanza y el Pacto Histórico, así como por Lara.

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Aunque el orden de los candidatos en ambas mediciones era el mismo (Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández), el crecimiento de los dos primeros variaba en cada una de las mediciones, además de su diferencia en una posible segunda vuelta.

“Guarumo no informa, manipula a los colombianos”, escribió el senador Lara respecto a esa encuestadora, porque Víctor Muñoz, actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia, fue parte de la compañía.

Respecto a Invamer, el senador advirtió que había un sesgo. El error estadístico más grave es “la subrepresentación de Bogotá y Cundinamarca, que concentra casi 20% de los votos efectivos de una elección presidencial. Ponerla en el mismo peso estadístico de las demás regiones, que pesan entre 8-10%, es un grave sesgo”, sostuvo a través de su cuenta de Twitter.

Incluso el magistrado del Consejo Nacional Electoral Luis Guillermo Pérez solicitó a esa autoridad estudiar la ficha técnica de la encuesta de Guarumo para verificar que cumpla con las disposiciones legales en financiamiento, selección de muestreo y técnica de entrevista.

En medio de ese revuelo, Lara volvió a radicar el proyecto de ley para regular las encuestas y ya tiene asegurados los dos primeros debates porque las comisiones primeras le dieron su apoyo.

No es una iniciativa nueva. Lara ya había radicado este proyecto, pero fue incluido en el Código Nacional Electoral, junto a una iniciativa de Armando Benedetti en el mismo sentido. Sin embargo, la Corte Constitucional tumbó esa reforma, aprobada en 2020, en su decisión el pasado 21 de abril por vicios de trámite.

El proyecto busca que se establezcan reglas respecto a la selección de la muestra, con la mayor diversidad posible y para cumplir con los términos estadísticos. Contempla que se incluyan todos los candidatos para elecciones uninominales y establece requisitos para la publicación de resultados.

Por ejemplo, debe contar en la ficha técnica con quién la financió y la solicitó, la cual deberá entregarse y publicarse en el Consejo Nacional Electoral. Busca crear una Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas sobre Preferencias Políticas y Electorales, que tendrá la función de revisar el cumplimiento de los requisitos en las encuestas. Las firmas encuestadoras, como se establecía en el Código Electoral, deberán estar inscritas en el CNE.

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