Proyecto de ley que reglamenta las fotomultas en Colombia fue aprobado en primer debate

La iniciativa busca, entre otras medidas, que los que paguen sean los infractores y no los dueños de los vehículos

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Se aprobó primer debate sobre
Se aprobó primer debate sobre la ley que busca modificar las normas para fotomultas. Foto: Colprensa

En primer debate de la Cámara de Representantes pasó el proyecto de ley que permitiría que se modifiquen los estatutos con los que se imponen las foto multas en Colombia, que funcionan bajo el nombre técnico de sistema de ayudas tecnológicas. Esto sucedió este martes 3 de mayo en la Comisión Sexta de la corporación.

La ponente y autora de esta iniciativa es de la representante electa de la Alianza Verde, Katherine Miranda, quien se mostró emocionada por el primer paso de su proyecto en el Congreso y dijo que luchará dar garantías a los ciudadanos que reciben comparendos con esa modalidad.

“Cuando se cometa la supuesta infracción detectada por los medios tecnológicos, la entidad de tránsito tendrá tres días para validar el comparendo. Después ello, deberá notificar al infractor dentro de los tres días siguientes a la validación del comparendo”, explicó Miranda.

Si llegase a ser aprobada, se tendría que modificar el artículo 8 de la Ley 1843 de 2017 y el artículo 135 de la Ley 769 de 2002, donde se estipulan los protocolos de las multas mediante imágenes en las calles colombianas.

Dentro de sus objetivos se busca que la Policía de Tránsito, así como las autoridades competentes, tengan un máximo de tres días de plazo para avisarle al infractor que tiene que pagar la multa y no pase el tiempo y se incremente el valor del comparendo. Actualmente no hay un plazo fijo definido.

“Con este proyecto de ley, permitirá que realmente se cumpla con el debido proceso en las actuaciones administrativas”, agregó Miranda, quien aseguró que velará para que la fuerza pública identifique al infractor y no salga pagando el dueño del vehículo.

Este proyecto coincide con el que presentó el también representante a la Cámara por la Alianza Verde, León Fredy Muñoz, con el que busca ponerle más requisitos a la instalación de fotocomparendos o fotomultas en Colombia. Según el congresista, con la iniciativa se busca ponerle freno a los “abusos” de estos aparatos y acabarle el negocio a los privados.

El proyecto plantea que no existan fotomultas móviles, que sean estrictamente estáticas, con señalización y que estén separadas por al menos 1.000 metros o un kilómetro. Según Muñoz, también es necesario identificar a los conductores de quienes cometen las faltas de tránsito y estos deben tener garantías. Además, se exigirá que la Superintendencia de Transporte revise constantemente que se cumplan las reglas de la posible ley.

“[Las cámaras] no deben generar inmediatamente una infracción, sino que tienen que verificar, según lo que ha dicho también la Corte Constitucional en diferentes sentencias. También el tiempo de una fotodetención sobre otra, que no puede estar a menos de mil metros”, explicó el congresista.

¿Y en cuánto están las multas en el país?

La Ley 769 de 2002 estipula que las multas de tránsito suben su valor en cuanto se aumenta el salario mínimo, otro incremento que golpea el bolsillo de las familias colombianas para 2022.

El Código Nacional de Tránsito estipula que las multas en Colombia así: las tipo A son las más bajas para los conductores de vehículos hasta las multas de tránsito tipo E, las más costosas por ser las relacionadas con conductores que manejan en estado de embriaguez.

En ese escenario, las sanciones pasan por la suspensión de la licencia y castigo entre $3.000.000 hasta $48.000.000 por negarse a realizar la prueba de alcoholemia. Todos los detalles de esos valores aquí.

Según Ángela Sánchez, abogada senior de Peralta & Asociados Abogados, los ciudadanos pueden verificar si tienen multas de tránsito en el sistema Simit, una herramienta web que permite dicha verificación a través del número de la cédula. “Hay comparendos que pueden estar vigentes o en validación, este último estado es cuando se está en desacuerdo con la decisión y se está llevando a cabo el trámite de impugnación”, según explicó para el periódico La República.

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