A partir de la primera semana de mayo, el caso que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez, por presuntamente haber incurrido en soborno y fraude procesal, volvió a manos de la Fiscalía General de la Nación. Había expectativa sobre si el caso continuaría o se precluiría, pero este miércoles 4 de mayo Javier Cárdenas, fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema y encargado de este proceso, confirmó que seguirá con la investigación.
El fiscal Cárdenas citó a entrevistas a 27 personas que estarían involucradas en el caso. Se destaca que dentro de las audiencias también se escuchará al exmandatario. Así mismo, el funcionario ordenó la realización de siete inspecciones judiciales.
Con esta orden del fiscal Cárdenas se disipan las dudas acerca de si el caso sería precluido. Hay que recordar que esta era una posibilidad, ya que en marzo del año pasado el fiscal Gabriel Ramón Jaimes, coordinador de fiscales delegados ante la Corte, pidió detener la investigación. Para la solicitud se argumentaron dos causales: atipicidad y ausencia de intervención del investigado. El primero hace referencia a que los hechos no configuran un delito, y la segunda, indicaría que si hubo delitos, estos no fueron cometidos por Uribe.
La decisión frente a la petición quedó en manos de la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, quien después de un poco más de un año de investigar y escuchar a las partes resolvió que el caso debía seguir. Esto se conoció el pasado 27 de abril, cuando la togada aseguró que sí hay una hipótesis viable de la existencia de delito por parte de Uribe.
“El despacho concluye que no se configuran las causales de preclusión prevista en los numerales 4, 5 y 6 del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal consistentes en la atipicidad del hecho investigado, ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado y la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. En consecuencia el despacho negará la preclusión solicitada por la Fiscalía”, dijo la jueza tras 13 horas de audiencia.
La negación de la preclusión podía ser objetada por la Fiscalía, pero el ente acusador aseguró que estaba de acuerdo y reconoció que la jueza señaló puntos contundentes relacionados a la investigación que se deben profundizar.
Así las cosas, el caso volvió a la Fiscalía. En principio debía ser el fiscal Jaimes quien se ocupara del caso, pero el funcionario envió una carta, con fecha del 29 de abril, al fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, en la que dejó a consideración reasignar el proceso a otro fiscal o detener la investigación. Jaimes aseguró que en “aras de una recta e imparcial administración de justicia”, él no podría practicar más pruebas por vencimiento de términos.
Así mismo, Jaimes dijo que, incluso ante los últimos acontecimientos relacionados al caso contra del expresidente Uribe, no había cambiado de opinión y reiteró que el caso debía ser precluido.
Atendiendo la solicitud, la vicefiscal con funciones del Despacho del fiscal General de la Nación, Martha Janeth Mancera, dispuso variar la asignación para que Cárdenas se encargara. El funcionario fue elegido por su experiencia en derecho penal y derecho administrativo.
Cárdenas se desempeñó durante 17 años (1993 - 2010) como juez promiscuo municipal, juez Civil del Circuito y municipal, juez Penal del Circuito y municipal, y juez de Familia. Después empezó a laborar en la Fiscalía como fiscal especializado de carrera de la Unidad antisecuestro y de Organizaciones criminales. Hace dos años se posicionó como fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
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