El secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, informó que el distrito instaurará una mesa de diálogo con la comunidad indígena emberá el próximo 5 y 6 de mayo a partir de las 8:00 de la mañana. El encuentro tendrá el objetivo de llegar a un acuerdo para finalizar la ocupación que realiza la población en el Parque Nacional desde septiembre de 2021, después de ser desplazados por la violencia en Chocó y Risaralda.
En la mesa de diálogo participarán los líderes y voceros de las comunidades indígenas ubicadas en el Parque Nacional, representantes del Gobierno de Bogotá, el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Víctimas. También se contará con el acompañamiento del Ministerio Público y representantes de la Comisión de la Verdad.
“La mesa sesionará, inicialmente, hasta el viernes 6 de mayo cuando se espera llegar a acuerdos basados en el Plan de Desarrollo Distrital y apoyar a las comunidades indígenas ubicadas en el Parque Nacional desde septiembre de 2021″, explicó la Secretaría de Gobierno. Asimismo, en una rueda de prensa, Felipe Jiménez expuso las razones detrás de la decisión.
El funcionario recordó que el distrito ha propiciado los servicios de educación, salud y recreación a la comunidad emberá que se asentó en el Parque Nacional. Esas acciones se dieron después de que un juzgado de pequeñas causas de la capital admitiera una tutela interpuesta por el personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón, por vulneración de derechos.
El juez le ordenó al distrito otorgar todas las medidas de atención y asistencia humanitaria integral en materia de salud, seguridad alimentaria, salubridad y suministro de agua potable que garantizaran su bienestar. Asimismo, debían garantizar un alojamiento transitorio, como lo es la Unidad de Protección Integral (UPI) en la Florida, junto con la caracterización de la población para lograr el retorno a sus territorios de origen.
“En las últimas horas, fuimos notificados por el juez de segunda instancia de la nulidad de la tutela. En este nuevo escenario, podemos encontrar una solución estructural que permita el goce efectivo de los derechos de esta población y también una buena utilización del espacio público”, comentó Jiménez.
Por su parte, el viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena, aseguró que, “desde el primer día el Gobierno nacional ha estado atendiendo a esta población con todas las garantías”. Asimismo destacó su compromiso por llegar a soluciones a través del diálogo; posición que compartió Ramón Alberto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional para la Atención a las Víctimas (AURIV), “consideramos que lo mejor es que estén en su territorio; mientras tanto, continuaremos con nuestra oferta institucional”.
El alto consejero Distrital de Paz, Vladimir Rodríguez, afirmó que es necesaria una política integral en los territorios para solucionar los problemas que vive la comunidad. “De la mano con la Nación y la Secretaría de Hábitat venimos construyendo alternativas para que aquellos beneficios a los que tienen derecho las víctimas del conflicto, de especial protección, se desarrollen en donde corresponde, con las autoridades ancestrales y en sus resguardos”, puntualizó el funcionario.
Es importante señalar que durante la rueda de prensa, los funcionarios no respondieron qué alternativas tendrá el distrito en caso de no lograr un acuerdo con la comunidad. El secretario de Gobierno fue enfático en el asilo temporal que tienen los indígenas en la UPI de la Florida, la cual tiene la capacidad de recibir a 2.292 personas.
Caracterización y retorno de la comunidad emberá
Según la última caracterización que realizó el distrito, hay más de 1.800 personas. “Pero sabemos, por información de terreno, que solo 900 de ellas pertenecen a comunidades indígenas y que 400 son las que pernoctan diariamente allí”, expuso la Secretaría de Gobierno. Mientras que, en la UPI de la Florida, están alojados 370 personas de la comunidad emberá, contando los 110 que se trasladaron los últimos días.
Con respecto al retorno a sus territorios en Chocó y Risaralda, la entidad manifestó que se han realizado tres procesos el 1 de diciembre de 2021, el 20 de diciembre de 2021 y el 1 de marzo de 2022. En total se han traslado 1.543 personas.
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