Denuncian que al asesino del líder estudiantil Lucas Villa lo sacaron de Colombia

Las hermanas del universitario, que fue asesinado en las protestas del paro nacional, temen que haya impunidad en este caso por los pocos avances de las autoridades para esclarecer el crimen

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Lucas Villa, líder estudiantil, fue asesinado el 5 de mayo de 2021 en medio de las protestas del paro nacional. Foto: Colprensa
Lucas Villa, líder estudiantil, fue asesinado el 5 de mayo de 2021 en medio de las protestas del paro nacional. Foto: Colprensa

El jueves se cumplirá un año del asesinato del líder estudiantil Lucas Villa, quien fue ultimado a tiros en el viaducto César Gaviria, en Pereira (Risaralda), en medio de las protestas del paro nacional del año pasado, y sus hermanas afirman que por parte de las autoridades no han avanzado en la investigación para esclarecer este crimen que conmovió a buena parte del país.

En la emisora Caracol Radio obtuvieron el relato de un testigo protegido que aseguró que al homicida del universitario lo sacaron de Colombia hace cuatro meses y medio.

Aseguró que el asesino obtuvo ayuda para que no resultara capturado, ya que investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía conocen la verdad de lo ocurrido y tienen la certeza de quiénes participaron en el crimen.

En el medio radial indicaron que tomaba más fuerza la hipótesis de que el homicidio de Villa participaron integrantes del grupo criminal ‘Cordillera’, que delinque en la capital risaraldense, y policías.

Dicha versión también fue reiterada por Sidssy Vásquez, una de las hermanas del universitario, que en medio de un plantón que se realizó el martes como protesta por los nulos avances en las indagaciones que permitan establecer quienes fueron los perpetradores del ataque por el que líder estudiantil falleció.

“Tenemos la información de que el criminal fue sacado del país hace como cuatro meses. ¿Y la Fiscalía cuándo va a decir algo? Al hombre lo sacaron porque había mucha presión para que hablara o por el temor de que lo asesinaran”, aseguró la familiar del universitario, por información que recibió de tres fuentes confiables, reseñaron en el periódico El Tiempo.

Vásquez también recordó que con su familia han recopilado material probatorio suficiente, pero a pesar de ello, las autoridades siguen sin avanzar en las indagaciones.

“La Fiscalía no se ha manifestado y ha pasado un año. Hemos aportado una cantidad de pruebas como una de las balas que no entró al cuerpo de mi hermano. La Policía decía que no se recuperó ninguna, pero nosotros alcanzamos a recuperar una. Hemos proporcionado testigos, algunos no han querido hablar porque no confían en la Fiscalía y eso ha retrasado un poco, pero aún no hay nada”, agregó en el diario bogotano.

La familiar del líder estudiantil teme que haya impunidad en este crimen que se ha convertido en emblemático en el país en cuanto a los muertes de manifestantes que participaron en las jornadas de protesta del año pasado.

“(No avanzan) en un caso tan visible a nivel nacional e internacional como este, qué podemos esperar de otros”, concluyó la familiar de Villa en El Tiempo.

En ese medio impreso informaron que para el viernes se realizará un nuevo homenaje al estudiante en el parque Olaya de Pereira en el que habrá un bazar y presentaciones artísticas.

Según Naciones Unidas, más de 40 personas perdieron la vida en las manifestaciones de 2021, aunque la Fiscalía colombiana señaló a Associated Press que se documentaron 29 asesinatos. De éstos solo hay tres casos en juicio, dos más en etapa de investigación y los 24 restantes en indagación, la fase inicial en los procesos.

También se registraron disturbios y enfrentamientos con agentes antimotines, lo que no solo causó muertos, también más de 3.000 heridos, entre civiles y policías.

Tras esos hechos, el presidente Duque nombró al coronel (r) Luis Alfonso Novoa para que encargara de la oficina de Derechos Humanos de la Policía, quien un año después presentó un informe sobre los hechos en los que se vieron involucrados uniformados.

“Se habla de nueve posibles responsabilidades de personas civiles, 10 de miembros de la institución policial y 10 que están por establecer. Cifras que coinciden y de alguna manera se corresponden con la información que publicó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia”, indicó Novoa en la emisora Caracol Radio.

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