Luego de que el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Guillermo Pérez, evidenció su preocupación porque el Gobierno nacional no había dado el dinero para que las elecciones presidenciales contaran con una auditoría internacional, el Ministerio de Hacienda expidió un decreto al respecto.
Todo inicio luego de que este lunes 2 de mayo el togado le envió una carta al presidente del CNE, el magistrado César Augusto Abreu, donde instó a que en el país se aprueben fondos para que los software de la Registraduría Nacional tengan una vigilancia internacional. Aunque la solicitud se hizo hace más de un mes no había existido respuesta hasta la que se emitió en las últimas horas.
A través de una resolución del MinHacienda, la directora General del Presupuesto Público Nacional, Claudia Marcela Numa, firmó el aval donde se desembolsan más de 3 mil millones de pesos que servirán para realizar una auditoría internacional a la primera vuelta presidencial del próximo 29 de mayo.
La resolución de la cartera del gobierno de Iván Duque se expidió este mismo lunes 2 de mayo, donde se detallan los $3.277.248.198 que entregará el Ministerio de Hacienda y que también fueron solicitados días atrás por la entidad dirigida por el registrador nacional Alexander Vega.
Cabe anotar que en la carta del magistrado Pérez se le recordó a los magistrados del CNE que la solicitud del dinero antes citado se hizo hace más de un mes pero el Gobierno no había dado respuesta alguna.
“Hace un mes radicamos ante la Registraduría una solicitud urgente de realizar con los más altos estándares internacionales (...) con preocupación constaté que el día viernes (29) que no se había emitido la respectiva resolución por parte de MinHacienda. Es decir, al día de hoy los recursos no han sido girados a la Registraduría”, relató Pérez, a su vez que evidenció su inconformismo y preocupación dadas las anomalías que se presentaron en los pasados comicios del 13 de marzo.
“Cada día sin resolver este delicado asunto, se afecta de manera grave la posibilidad de contar con una auditoria sobre los softwares del proceso electoral contratados con el consorcio Disproel y con la empresa INDRA. Se afecta aún más la credibilidad también de la organización electoral”, señaló el magistrado.
En el texto también se aseguraba que todas las entidades estatales debían pedir al unísono ese presupuesto que le daba las garantías a los colombianos que los comicios que definirán al nuevo presidente contaban con los más altos estándares de seguridad y por eso exhortó a la Contraloría, Registraduría y Ministerio del Interior para que “se definan los recursos y el mecanismo de contratación de la auditoría para que la firma que sea contratada pueda estar en Colombia a más tardar próxima semana, de cara a generarle tranquilidad y confianza a la ciudadanía”.
Esta solicitud se une a la que la Registraduría envió hace semanas al MinHacienda. En la misiva dirigida a la directora General de Presupuesto de la cartera de Hacienda, Claudia Marcela Numa, la Registraduría argumentó que la autoridad electoral requirió aplicar una auditoría internacional con el propósito de bridar “transparencia y control del proceso electoral”, a través de la evaluación y verificación de los mecanismo y herramientas informáticas que hacen parte del proceso, debido a que en las elecciones pasadas se evidenciaron múltiples irregularidades y se puso en duda la legitimidad de las elecciones.
“Por lo anterior expuesto, es de vital importancia contar con los recursos para la referida contratación, en la medida que permite a la corporación prevenir, orientar, asistir y propender por una cultura democrática que fortalezca la participación política, la confianza ciudadana y el reconocimiento institucional en el marco del Sistema Político y Electoral colombiano”, señaló la entidad en cabeza del registrador Alexander Vega.
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