Tras señalamiento de la ONU, el gobierno Nacional negó la responsabilidad del Estado en la masacre de Bojayá

El lunes se conmemoraron 20 años de uno de los peores episodios recientes de la historia del conflicto en Colombia: la masacre de Bojayá, donde murieron en el interior de la iglesia de la población más de 70 civiles que se refugiaban por los combates entre guerrilleros de las Farc y paramilitares de las Auc que se resguardaban detrás del mencionado templo, del que quedó solo un cristo mutilado, ahora símbolo de esa tragedia humanitaria.

Sin embargo, en la emisora La W Radio reseñaron que en medio de los eventos que se realizaron, hubo una gran molestia por parte de los delegados del gobierno Nacional, luego de que la la representante Juliette de Rivero, de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia para los Derechos Humanos, señalara que en los otrora dos grupos armados al margen de la ley aceptaron su responsabilidad en el cruento enfrentamiento, mientras que en el Estado no han admitido que fueron negligentes para evitar el ingreso de los paramilitares en esa región.

“Mi oficina, presente en el país desde 1997, pudo comprobar lo que ocurrió e hizo pública la responsabilidad de las Farc, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Estado Colombiano. Algunos de estos actores han reconocido su papel, otros aún no. Es fundamental que el Estado reconozca su responsabilidad para poder reparar integralmente y para hacer justicia”, destacaron de las palabras de Rivero en el medio radial.

De hecho el consejero presidencial Jefferson Mena calificó de irresponsable la afirmación de la representante del organismo internacional, informaron en Caracol Radio.

“Nunca había visto tal grado de irresponsabilidad y desconocimiento en las declaraciones de una representante de un organismo como las Naciones Unidas. Como chocoano, como negro y como colombiano me ofende dichas palabras, porque desconoce lo ocurrido hace 20 años”, recogieron en esa emisora de las palabras del funcionario del Ejecutivo.

A la reacción de Mena, se sumó el alto comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, quien reiteró que la responsabilidad era exclusivamente del grupo subversivo que lanzó los cilindros bomba o tatucos que terminaron cayendo sobre la iglesia del corregimiento.

“Las cosas por su nombre: los victimarios fueron las Farc. Ellos deben reparar el daño y dolor causado a esta comunidad. Parece que se les cruzan los cables a aquellos que quieren endilgar responsabilidades sobre estos hechos lamentables y siempre descargar la responsabilidad en el Estado, cuando fueron terroristas los que de manera indiscriminada acabaron con la vida de estos colombianos”, citaron del reproche a la ONU por parte del funcionario de gobierno.

El horror en Bojayá

Entre el 20 de abril y el 7 de mayo de 2002, en las inmediaciones de las cabeceras municipales de Bojayá, conocidas en la región como Bellavista y Vigía del Fuerte, sostuvieron enfrentamientos los frentes José María Córdoba de las Farc y el bloque paramilitar Élmer Cárdenas, al mando de Pablo Montalvo.

El 2 de mayo rampleros de las Farc, al mando de alias “Silver”, lanzaron tres cilindros bombas hacia Bellavista. El tercero de ellos, lanzado cerca de las once de la mañana, rompió el techo de la iglesia, donde se refugiaban cerca de 300 personas, impactó contra el altar y estalló detonando su carga de explosivos y de metralla, produciendo una gran devastación. El saldo fatal fue de 79 personas muertas, 45 de ellas niños y niñas.

Frente a los hechos la Procuraduría General de la Nación afirmó en su momento, que la Primera División (sede en Santa Marta), la IV Brigada adscrita (Sede en Medellín) y el Batallón Manosalva Flores (sede en Quibdó) del Ejército Nacional, conocían información sobre los enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares. Sin embargo, la Fuerza Pública llegó a la zona sólo trece días después.

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