Un día después de que el comisionado Carlos Ospina renunciara a la Comisión de la Verdad (CEV) con el argumento de que no hay espacio para su versión, la entidad aseguró que todas las inquietudes planteadas por él serán resueltas en el informe final, que se hará público en junio.
El comunicado de la CEV de este martes 3 de mayo expuso que la mayor responsabilidad de su labor es construir su informe de manera colectiva e inclusiva, para responder a las demandas de reconstruir la memoria histórica del conflicto armado en el país. “Seguiremos dedicando la totalidad de nuestro interés y energía a nuestra tarea”, dijo la entidad.
En su respuesta al excomisionado, la entidad afirmó que, “siempre se le brindó las garantías necesarias en términos del reglamento y funcionamiento internos, procedimientos y recursos de todo tipo para el desarrollo de las funciones que le fueron asignadas como comisionado”.
Carlos Ospina en su renuncia, que se hizo pública en la tarde del pasado lunes, denunció que para buscar la verdad es necesario trabajar con personas capacitadas y que sean de confianza; “no me dejaron hacer eso”. En un principio, el comisionado tenía un equipo inicial de tres militares. Sin embargo, le habrían dicho que por ser oficiales no podían ejercer un rol dentro de la Comisión de la Verdad.
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La Comisión también dijo que ha realizado un amplio proceso de escucha no solo de las víctimas, sino de todos los actores y sectores que han querido ofrecer su testimonio y relato de manera voluntaria, sobre hechos relacionados con el conflicto armado.
Tras su renuncia, Ospina argumentó que tomó esta decisión porque no hay espacio para su versión. ”Hay un señalamiento, una estigmatización sobre mi persona. Me han dicho que yo soy parte de un complot, me han dicho que yo entré a la Comisión a hacer inteligencia, que yo quiero dañar la Comisión de la Verdad y que yo estoy haciendo un informe que es un contrainforme, porque mi verdad es diferente a la de ellos”, dijo.
Respecto a la participación de la fuerza pública en la elaboración del informe final, la entidad explicó que entre 2019 y 2022 ha realizado más de 160 hitos de trabajo con sus miembros que han incluido, entre otros, conversaciones, intercambios pedagógicos, preparación y puesta en escena de espacios de escucha, entrevistas, entrega de informes y casos.
El pasado 26 de febrero, Diego Molano, ministro de Defensa, reveló que de las 9.789.921 víctimas del conflicto armado en Colombia, 403.352 son miembros de la fuerza pública, esa afirmación le hizo luego de presentar el informe ‘Aporte a la verdad: contexto de la Fuerza Pública para la memoria histórica’, ante la Comisión de la Verdad.
El documento explica que entre 1970 y 2010 se reportaron en el país 39.058 casos de víctimas de secuestro de los cuales, 1.643 fueron miembros de la fuerza pública. También se reveló que 7.112 militares y policías resultaron afectados por minas antipersonales en Colombia, de los cuales el 79,81 % quedaron heridos y 20,19 % murieron.
El documento revela que se han presentado 6.408 casos de desaparición forzada al interior de las Fuerzas Militares, de los cuales el 67,82 % corresponden a hechos ocurridos entre 1997 y 2005 . Del total de víctimas, la mayoría de ellas fueron producto de acciones perpetradas por las Farc seguido por el ELN.
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