En lo corrido de 2022 se han registrado 37 masacres en Colombia: Indepaz

Con esta cifra, Colombia se aproxima a la mitad del total de masacres reportadas el año pasado

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En los primeros 24 días
En los primeros 24 días del año, se han producido también en el país catorce enfrentamientos armados entre organizaciones criminales y las fuerzas de seguridad colombianas y siete entre grupos ilegales, seis masacres, y cinco asesinatos a excombatientes de las FARC. EFE/ Carlos Ortega/Archivo

Entre el primero de enero y el 1 de mayo de este año, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha registrado 37 masacres en todo el territorio colombiano. La organización hizo un llamado de atención especial a la violencia que se vive en Cauca, donde han ocurrido seis de estos hechos.

“El día de ayer registramos una masacre más en nuestro país, esta vez en el departamento del Cauca, convirtiéndose en la (masacre) número 37 del 2022 a nivel nacional y la sexta en el departamento”, informó Leonardo González, coordinador del Observatorio de derechos humanos y conflictividades de Indepaz.

Con este reporte, Colombia se aproxima a la mitad del total de masacres reportadas el año pasado. Hay que recordar que a finales de 2021, Indepaz reportó que en el país se presentaron 92 masacres en las que murieron 326 personas que, en su mayoría, eran campesinos e indígenas.

En cuanto a la última masacre reportada este año, Indepaz detalló que esta ocurrió en la vereda Morales, corregimiento de Melchor, adscrito al municipio de Bolívar, Cauca. Indicó que las víctimas fueron tres campesinos miembros de una misma familia, quienes fueron asesinados en su propia casa.

Indepaz aseguró que estos hechos se siguen presentando en Cauca porque, al ser una zona clave para el desarrollo de actividades ilegales, hacen presencia diferentes actores armados. En el departamento operan las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), la Segunda Marquetalia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo.

“La Defensoría del Pueblo, en alertas tempranas, denuncia la presencia histórica y las intenciones de grupos, especialmente grupos paramilitares y grupos residuales, de incursionar en dicho territorio para aprovecharse de estas riquezas”, aseguró González.

En este departamento hay intereses económicos y disputas territoriales por el control social por parte de los grupos armados. Además, la minería ilegal ha sido un componente que ha generado diferentes violencias y riesgos para la población civil, según Indepaz.

Por estos hechos, González aseguró que el Gobierno nacional debe “hacer presencia integral en el departamento, no solamente por vía militar” y pidió que la administración del presidente Iván Duque reconozca la grave crisis que se viene presentando en diferentes departamentos, incluido el Cauca.

En este sentido, González pide que se “convoque urgentemente” a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y Derechos Humanos para que se implemente una política pública verdadera frente al tema de la seguridad y el cumplimiento de los derechos humanos.

Esa petición fue respaldada por el director de Indepaz, Camilo González, quien pidió al Gobierno nacional que acuerde un cese al fuego con los grupos armados ilegales que operan en Cauca, teniendo en cuenta que, según la organización, las medidas que ha tomado no han sido suficientes para detener la violencia.

“La reciente masacre en Bolívar, Cauca, y la ola de agresiones y asesinatos que continúan en el departamento, reafirman la exigencia hecha por las organizaciones y comunidades al gobierno de replantear la política. La política no está dando resultados y se necesita, además, exigirle a estos grupos que están allí, atentando contra la población, un cese de hostilidades, un cese al fuego, por lo menos durante la campaña electoral”, sostiene el director de Indepaz.

Desde la organización argumentaron que es necesario llegar a compromisos humanitarios eficaces. Más allá de la temporada electoral, se solicitó a quien asuma el próximo gobierno que piense en cambios estructurales que beneficien a este departamento y detengan la violencia. Esto, a través de “un macro programa de desarrollo”.

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