Defensoría llama a las autoridades a atender la crisis humanitaria que persiste en Bojayá

La Defensoría del Pueblo de Colombia hizo un llamado a las autoridades nacionales y locales frente a la grave situación humanitaria que se presenta actualmente en el municipio de Bojayá, Chocó, en medio de la conmemoración de los 20 años de una de las peores masacres registradas en la historia del país.

La entidad urgió la atención de la población con el propósito de hacerle frente a la crisis humanitaria que persiste en esta localidad ribereña, en el Pacífico colombiano, en la que cerca de un centenar de personas fallecieron el 2 de mayo de 2002 producto de la explosión de un cilindro bomba, lanzado por la desmovilizada guerrilla de las FARC, que cayó en la iglesia mientras se refugiaban de un combate contra los grupos paramilitares.

“La Defensoría del Pueblo reitera su preocupación por la difícil situación humanitaria que enfrenta la población del municipio de Bojayá (Chocó), que hoy cumple 20 años de la tragedia en la que murieron 79 personas por el enfrentamiento entre las desaparecidas Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

La entidad señaló que durante los últimos años ha emitido tres alertas tempranas en las que se advierte el riesgo de vulneración de los derechos humanos de las comunidades indígenas y afrocolombianas que residen en este municipio y en la región del Medio Atrato como consecuencia del propósito expansivo del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), o también conocidas como el Clan del Golfo, que buscan el control de las zonas dejadas por las FARC.

A través de estos documentos, la Defensoría advirtió la presencia de minas antipersonal (MAP) y municiones sin explotar (MUSE) en los territorios colectivos de estas comunidades históricamente vulneradas, así como restricciones a la movilidad, en las que limitan las actividades necesarias para la subsistencia de estas poblaciones étnicas en los municipios de Bojayá, Medio Atrato y Vigía del Fuerte.

“En dichos documentos se indicaban las vulneraciones de los derechos a la vida, libertad y seguridad personal de las comunidades afrocolombianas y pueblos indígenas de los municipios mencionados, con el fin de que se adoptaran las medidas de prevención y protección eficaces para salvaguardar la integridad de los pobladores de esta subregión”, indicó la entidad.

En ese sentido, el defensor del Pueblo señaló que en agosto del año pasado se emitió una alerta en la que se advertía del fortalecimiento militar, expansión territorial y afianzamiento del Clan del Golfo, estructura heredera del paramilitarismo, con lo que se incrementaban los riesgos de sometimiento a la población, reclutamiento e instrumentalizaciones de menores por parte de las AGC y del ELN.

A su vez, se alerta amenazas a la población que se encuentra en proceso de reincorporación, la estigmatización a familiares de personas que se les sindica de colaborar con los actores armados que disputan este corredor, así como a las autoridades étnicas y líderes comunitarios que ha derivado en el desplazamiento individual, de igual manera, restricción de la movilidad a la población.

“Esta situación ha generado graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, toda vez que la disputa armada gira en torno al interés de los grupos armados ilegales en controlar las rutas de conexión que posibilitan a través de caminos ancestrales la conexión por la parte alta de las cuencas de los ríos Napipí, Opogadó y Bojayá, lo que permite la comunicación con Bajo Atrato, el suroeste antioqueño y el mar Pacífico”, alertó la Defensoría.

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