“Yo los perdono, pero quiero saber ¿por qué mataron a mi hermano?”: familiar de víctima de falsos positivos

Durante el martes y miércoles pasado se realizaron las audiencias de la JEP en las que 10 militares en retiro y civiles aceptaron, frente a las víctimas, la responsabilidad que tuvieron en los mal llamados falsos positivos que ocurrieron entre 2007 y 2008, en el Norte de Santander.

Los altos oficiales contaron cómo participaron en las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes que fueron engañados y luego asesinados a sangre fría. Mientras los uniformados narraban de manera fría los hechos, las familias de las víctimas escuchaban atentamente.

Una de esas víctimas es Cecilia Arenas, hermana de uno de los jóvenes asesinados por militares. Luego de la audiencia, la mujer habló en Blu Radio e hizo un llamado a que se hable más profundamente de la verdad y de quién o quiénes dieron la orden.

Cecilia tuvo que escuchar cómo su hermano, Mario Alexander Arenas, fue asesinado el 21 de febrero de 2008 por miembros de la Brigada 5 de Floridablanca (Santander), que le dispararon para presentarlo como un miembro de la guerrilla y mostrar resultados ante el Gobierno.

Dijo que ya perdonó a los asesinos de su hermano a pesar de la forma en que lo asesinaron: “Yo perdoné a los que mataron a mi hermano, tristemente cayeron los de menor rango, pero quiero ver al señor Montoya de frente, mirarlo a los ojos y preguntarle por qué mandó a matar a mi hermano, pero de todas maneras lo perdono, señor Montoya. Porque qué duele más, ¿qué una víctima le diga a un victimario lo perdono o estarlo tratando mal? No, eso no va en mí”.

En la primera audiencia de su tipo, oficiales retirados admitieron haber organizado ejecuciones extrajudiciales. Pero las víctimas han pedido más. “Nosotros sabemos que detrás de ustedes vienen personajes muy grandes”, dijo una mujer. “Necesitamos nombres”.

Fue un momento que muchos colombianos creyeron que nunca verían. Un general del Ejército y otras diez personas reconocieron esta semana haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad en los testimonios ofrecidos durante una audiencia de dos días. La declaración sucedió en un tribunal especial establecido para confrontar el legado del desolador conflicto armado de Colombia.

Sentado en un escenario en un teatro en Ocaña, un pequeño municipio al norte de Colombia que fue escenario de muchos de los crímenes, el general, otros nueve funcionarios militares y un civil admitieron haber orquestado la muerte de al menos 120 civiles y de intentar presentarlo como combatientes rebeldes durante un caso que se conoce como los “falsos positivos”.

Las ejecuciones, que se usaron para fortalecer el discurso de que el país estaba ganando en el conflicto, se han convertido en uno de los más emblemáticos del traumático conflicto interno armado del país, que tiene su origen en los años sesenta del siglo pasado.

Los parientes de los fallecidos —muchos de ellos madres, padres y hermanos de jóvenes asesinados— llevan largo tiempo pidiendo transparencia. Y muchos de ellos estaban sentados en el escenario, frente a los perpetradores durante su intervención.

“Les presento a ustedes mi arrepentimiento por no haber actuado más diligentemente, ofrezco mi solidaridad y concurso para procurar restaurar el daño y el dolor causado. Quiero expresarles que siento un gran remordimiento que lacera, me lacera el alma”, dijo el general retirado Paulino Coronado Gámez durante la audiencia. “Sé que afectamos a las familias enteras, padres, madres, hijos, nietos. Los dejamos y dejamos un gran vacío”, añadió.

El reconocimiento público de culpabilidad fue organizado por la Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal creado como parte del acuerdo de paz de 2016 celebrado entre el gobierno colombiano y el mayor grupo rebelde del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o Farc.

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