Víctimas de Bojayá pedirán a la CIDH que de la orden al Estado colombiano de protegerlos

En el marco de la conmemoración de los 20 años de la masacre de Bojayá (Chocó), el Comité de Víctimas de este hecho anunció que se encuentra preparando una carta para solicitar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decrete medidas cautelares y ordene al Estado protegerlos. Los afectados aseguran que después de todo este tiempo, la violencia en el territorio persiste y no se han tomado acciones que eviten que los habitantes el municipio chocoanos sean revictimizados.

Así mismo, se pedirá que el Estado avance el proceso para reconocer como víctimas a quienes no alcanzaron a nacer porque sus madres, embarazadas, murieron en el atentado. También se pidió que se agilice la búsqueda para encontrar a las personas que siguen desaparecidas.

Hace veinte años, exactamente el 2 de mayo de 2002, rampleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) lanzaron tres cilindros bombas hacia Bellavista, la cabecera municipal. Uno de los tres cilindros fue lanzado cerca de las once de la mañana de ese día y rompió el techo de la iglesia, donde se refugiaban cerca de 300 personas. El artefacto impactó contra el altar y detonó su carga explosiva y de metralla. El saldo de este hecho fue de 79 personas muertas, 45 de ellas menores de edad.

Cabe anotar que semanas antes del suceso, desde el 20 de abril de 2002, los subversivos empezaron a atacar las cabeceras municipales de Bojayá. Los frentes José María Córdoba de las Farc y el bloque paramilitar Élmer Cárdenas, al mando de Pablo Montalvo, sostuvieron enfrentamientos y las comunidades tuvieron que confinarse.

La Procuraduría General de la Nación afirmó en su momento que la Primera División (sede en Santa Marta), la IV Brigada adscrita (Sede en Medellín) y el Batallón Manosalva Flores (sede en Quibdó) del Ejército Nacional, conocían información sobre los enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares. Sin embargo, la Fuerza Pública llegó a la zona sólo trece días después y por eso no impidieron la masacre.

Por esto, el Tribunal de Chocó emitió una sentencia en mayo de 2015 en la que declaró al Estado, al Ministerio de Defensa, la Armada Nacional, el Ejército y la Policía Nacional, responsables por los daños antijurídicos producidos por omisión. El Tribunal condenó al pago de 300 SMLMV a las víctimas y a que se protegieran.

20 años después de la masacre, y siete de haberse emitido la sentencia, la historia de violencia sigue repitiéndose. Incluso, por estos hechos al día de hoy cuatro consejos comunitarios han desaparecido en Bojayá y otras cinco comunidades, entre las que se encuentran Pogue, El Tigre, La Boba, Caimanero y Mesopotamia, están en riesgo de extinción. Esto debido a que el conflicto los ha obligado a desplazarse forzosamente.

Por esto, Valencia argumenta que se hará la solicitud ante la CIDH. El activista dice que es necesario que haya más inversión y oportunidades en el Chocó, particularmente en Bojayá. Aseguró que se necesitan opciones de vida que permitan “combatir el hambre que vive el pueblo”.

Cabe anotar que la Comisión de la Verdad respalda las solicitudes de las víctimas. Incluso, el pasado 29 de abril la entidad pidió de forma urgente la protección de la vida de los habitantes de Bojayá. Se indicó que es imprescindible la presencia integral del Estado y la plena implementación del Acuerdo de Paz, en particular el capítulo étnico.

SEGUIR LEYENDO: