Las víctimas de los desaparecidos de la Comuna 13 en Medellín llevan más de seis meses esperando a que se reactiven las excavaciones en La Escombrera, en donde, según registros de la Corporación Jurídica Libertad, se estima que hay más de 400 cuerpos de personas desaparecidas en este sector de la capital de Antioquia.
Y es que las víctimas, alguna de ellas aglutinadas en el colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, llevan esperando desde octubre del 2021, de acuerdo con información de El Espectador, a que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Alcaldía de Medellín inicien el plan de excavaciones previstas en las zonas conocidas como La Escombrera y La Arenera.
Desde la ONG de derechos humanos, Corporación Jurídica Libertad, Adriana Arboleda Betancur le dijo al portal Colombia+20 que desde finales del año pasado “tanto la UBPD como la JEP nos dijeron que ya había un avance para intervenir el lugar, pero existen varias dificultades que tocaba resolver previamente, por el lado técnico-forense porque había que determinar cómo intervenir este lugar, porque es una mina privada, y cómo moverlo de tal forma que se proteja la zona donde se está buscando”.
Sin embargo, las obras de excavación no han podido comenzar, pues aún no se han conseguido todos los recursos necesarios para la intervención: a la fecha, solo se cuenta con el 70 % de los mismos. Desde la JEP le confirmaron a El Espectador que hasta no contar con el total del recurso no se iniciarán las obras.
“No se quiere comenzar y que después toque frenar el proceso por falta de recursos, eso sería muy doloroso para las víctimas, pero la decisión que se conoce es que la excavación se hace. Las mismas madres saben que es difícil encontrar algo, porque se trata de remover una montaña”, le dijo una fuente de la JEP al diario bogotano.
Vale recordar que los terrenos en donde se encuentran La Escombrera y La Arenera pertenecen a la empresa Constructores El Cóndor S.A., que recibe escombros y saca material de las montañas para las obras en la capital antioqueña, y que ha generado alteraciones en el terreno que pueden dificultar la labor de búsqueda. Por lo que la JEP, en el 2020, emitió el Auto 010 en el que dictó medidas cautelares para la protección y el cercamiento de estas dos zonas para garantizar su conservación y poder realizar las labores de búsqueda de personas desaparecidas. Ante esto, Iván Palomino, secretario encargado de la No Violencia de Medellín, le contó a El Tiempo que desde la Alcaldía de Medellín han costeado los valores aproximados para los aspectos logísticos que plantea la medida cautelar.
“Tanto la remoción como excavación pueden variar en sus precios, de acuerdo con el tiempo que dure la intervención y otros detalles que esperamos definir conjuntamente con la JEP, la UBPD y con participación de las víctimas peticionarias de la medida cautelar”, explicó el secretario Palomino.
Por su parte desde la UBPD le informaron a El Colombiano, a finales de marzo, que se está avanzando en la coordinación para las acciones futuras y aclararon que este no es un proceso sencillo debido a la gran cantidad de material y tierra que hay en el sitio.
Así mismo, anunciaron que en los cálculos y en la propuesta metodológica de la Unidad para la intervención, tanto de la Escombrera como de La Arenera, se ha contemplado “la participación de un equipo de especialistas forenses y el uso de diversas tecnologías para el registro del proceso y definición de áreas más precisas de intervención”.
Además, advirtieron que dicha intervención, que también contempla remoción y extracción de los rellenos existentes, aún no tiene ni una fecha concreta para iniciarse ni se ha definido el costo que tendrá el proceso, en el que restan por intervenir los polígonos 2 y 3 de la Escombrera, de donde se deberán remover más de 41.000 metros cúbicos.
Ante esto, desde el colectivo de Mujeres Caminando por la Verdad, integrado por madres y familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos en la Comuna 13, principalmente durante las operaciones militares de 2002 y 2003, siguen elevando su voz para que por fin puedan adelantarse las nuevas excavaciones y así encontrar los restos de sus familiares y poder completar su proceso de duelo.
“Este año se cumplen veinte años de impunidad, negación y justificación, pero también de resistencia de las víctimas, de la memoria, donde las mujeres del territorio hemos estado hablándole a la ciudad, al país, que nos negamos al olvido”, le dijo una de las integrantes de Mujeres Caminando por la Verdad a El Espectador.
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