Víctimas de Otoniel esperan que el Gobierno no dilate la suspensión de su extradición

Un comité de víctimas del narcotraficante enviaron un mensaje al presidente Iván Duque para que haga caso a lo fallado por el Consejo de Estado

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Trámite de extradición sigue en firme: defensa de alias ‘Otoniel’. Foto: Reuters.
Trámite de extradición sigue en firme: defensa de alias ‘Otoniel’. Foto: Reuters.

Luego de que el viernes 29 de abril el Consejo de Estado ordenara suspender provisionalmente la extradición a los Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, varias de las víctimas celebraron el fallo argumentando que es un paso para encontrar la verdad en Colombia.

El principal cabecilla del Clan del Golfo es solicitado tanto en Colombia como por la justicia norteamericana por varios delitos, entre ellos, tráfico de drogas, homicidio y uso de armas de fuego.

En esa línea, varios de los afectados por Otoniel durante su pasado delictivo aseguraron, en testimonios de la emisora W Radio, que esta decisión le permitirá a la gente que el delincuente atacó encontrar detalles que, hasta ahora, no sabían.

“Es una decisión que ampara en parte el derecho legítimo de las víctimas a la verdad y por lo tanto hace parte integrante de los asuntos que deben explorar una justicia transicional y un ejercicio de reconocimiento como el que se está llevando a cabo ante la Jurisdicción Especial para la Paz”, señaló César Santoyo, del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, que representa los intereses de las víctimas del criminal.

Santoyo también destacó lo que ha venido haciendo la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) al oír los testimonios sobre los falsos positivos y dijo que el fallo de que Otoniel se quede en Colombia permitirá que “se pueda profundizar el aporte” en cuanto a la verdad sobre sus delitos.

Aunque el presidente Iván Duque fue el que firmó la extradición del narcotraficante, se espera que apelen la decisión del Consejo de Estado, por lo que Santoyo exhortó al Gobierno a que acate el fallo y no desconozcan la ley. “Como ya es acostumbrado, se va a tratar de presionar para que se siga manteniendo el estigma y la impunidad que reina en los ejercicios de reconocimiento de responsabilidad y sobre todo sobre estas presuntas convivencias que se pueden establecer a través de los testimonios de ‘Otoniel’ con sujetos de la vida nacional”, señaló el representante.

Por ahora, falta ver qué definen la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado sobre la extradición del criminal. Las reacciones no se han detenido y desde diferentes sectores se ha apoyado que Otoniel cuente lo que sabe sobre el conflicto armado, entre otros.

Miembros activos del Pacto Histórico, como el senador electo Iván Cepeda, quien vio con buenos ojos la detención de que el criminal colombiano comparezca ante la ley gringa no sin antes responder por sus delitos en su tierra natal, trinó: “Las víctimas y su lucha por la verdad”.

Así mismo, Martha Peralta Epieyú, también congresista electa de la alianza política de Gustavo Petro, candidato presidencial, coincidió con el punto de vista de Cepeda y aseguró que Otoniel primero debe pagar “sus crímenes en Colombia, repare a las víctimas y ahora que diga los nombres de los empresarios, políticos y comandantes de FFMM que delinquen con ellos”, expresó en Twitter.

El gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, apuntó contra el presidente Duque y aseguró que la decisión del Consejo de Estado es acertada.

“El Consejo de Estado le tumbó a Iván Duque la orden de extradición de alias “Otoniel”. Todos sabíamos, menos el Presidente, que Otoniel primero debe reparar a las víctimas y contar su verdad sobre el conflicto armado colombiano, antes de ser extraditado”, publicó en su perfil de aquella red social.

Estos y otros cuestionamientos se tomaron las redes sociales desde este viernes. Hay que aclarar que en la decisión del Consejo de Estado, el magistrado ponente, César Palomino Cortés, consideró que, si bien ya se han surtido todos los trámites requeridos en materia de extradición, es pertinente emitir la medida cautelar para suspenderla, mientras se resuelve la demanda de acción tutela.

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