Esta semana se registró un grave caso de acoso escolar en un colegio de Bogotá. Un menor de edad, de solo doce años, llevó un arma blanca a la institución educativa donde estudia y atacó a uno de sus compañeros.
De acuerdo con diferentes medios de comunicación, al parecer el menor de edad que portaba el arma cortopunzante empezó por agredir verbalmente al otro estudiante. Según el relato de la hermana de la víctima, que fue entrevistada por el canal CityTv, en medio de las malas palabras el agresor desenfundó la navaja.
Al ver que podría ser agredido, el menor de once año corrió hacia la coordinación del colegio ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe. Sin embargo, antes de lograr pedir ayuda a los funcionarios de esa oficina o a algún profesor, su compañero ejecutó el ataque.
La hermana del menor de edad aseguró que la reacción del niño fue poner el brazo izquierdo como protección ante el ataque con arma blanca, esa parte del cuerpo recibió la puñalada.
Ante este grave hecho, la Institución Educativa Distrital Misael Pastrana Borrero llamó una ambulancia y el niño de once años tuvo que ser trasladado al Hospital Santa Clara, donde recibió atención médica y estuvo hospitalizado varios días.
¿Qué dicen las directivas del colegio donde ocurrió el ataque?
Ante el ataque con arma blanca y las reacciones de estudiantes y padres de familia, la rectora del colegio Misael Pastrana Borrero se manifestó.
La funcionaria aseguró que es muy complicado realizar un registró de cada uno de los elementos que los estudiantes ingresan a la institución educativa.
“Desde la institución educativa realmente es muy difícil realizar un registro de lo que ingresan los estudiantes porque no tenemos esa posibilidad de registrar a los estudiantes”, dijo la rectora del colegio donde ocurrieron los hechos.
Sin embargo, algunos padres de familia comentaron que, de acuerdo con los relatos de sus hijos, el menor de edad agresor ya había sido denunciado por otros estudiantes debido a su comportamiento y las amenazas con arma blanca. Pese a esas quejas por parte de otros estudiantes, la coordinación del colegio solamente habría hecho una anotación en el observador estudiantil.
Respecto a este caso, la Secretaría de Educación de Bogotá aseguró que una vez se conoció lo sucedido se activaron todas las rutas de atención. Entre las medidas que ejecutó está el acompañamiento psicosocial y restablecimiento de derechos del menor de edad agresor.
Al menos ocho mil casos de bullying se registraron en medio de la pandemia
Si bien el bullying en los colegios siempre ha existido, se estima que hoy en día los estudiantes tienen más factores de riesgo como las redes sociales, que incentivan a que haya un mayor número de casos de violencia escolar física o psicológica.
De acuerdo con la ONG Bullying Sin Fronteras, solo entre el 2020 y 2021, se reportaron 8.981 casos de bullying en Colombia.
Como medida para combatir este fenómeno, que ha venido en aumento durante los últimos años, el Congreso de la República expidió la Ley 1620 de 2013, mediante la cual se creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.
Con este sistema se obligó a los colegios a crear comités de convivencia para mitigar y prevenir diferentes problemáticas entre los estudiantes, entre ellos la violencia psicológica y física. Así, dentro de sus políticas de convivencia, cada institución estudiantil debe determinar los pasos a seguir cuando se ha presentado una situación de bullying o violencia escolar entre estudiantes.
Para Beatriz Molina, experta en derecho penal, lo anterior no ha sido suficiente, en la medida que los niños se enfrentan a diferentes factores que trascienden el ámbito escolar presencial y se expande a las redes sociales.
Por ello, asegura que “se debe instruir a los padres y docentes sobre otros mecanismos para prevenir y combatir el bullying. En primera instancia, se deben activar los mecanismos instaurados en el colegio. Y segundo, en caso de que dichas medidas no estén funcionando, se debe recurrir a acciones legales: civiles o penales, dependiendo del caso”.
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