Pastor Alape pide seguridad para firmantes del acuerdo de paz que se han visto obligados a desplazarse en Antioquia

En Meta, asegura el militante de Comunes, también estarían atentando contra los reincorporados

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Pastor Lisandro Alape Lascarro, miembro
Pastor Lisandro Alape Lascarro, miembro del partido Comunes. / Colprensa

A los asesinatos, discriminación y cuestionamientos de excombatientes de las Farc que dejaron las armas y firmaron el acuerdo de paz se suma el desplazamiento que varios de ellos han tenido que enfrentar recientemente en el departamento de Antioquia.

De acuerdo con Pastor Alape, delegado del Partido Comunes al Consejo Nacional de Reincorporación, varios de los firmantes del acuerdo del Teatro Colón que viven en el municipio antioqueño de Remedios habría tenido que salir de sus lugares de residencia porque los están amenazando. Según Alape, varios de ellos no gozan de “medidas de seguridad”, de ahí que apuntara contra el gobierno de Iván Duque.

“En segundo por falta de ejecuciones y garantías por parte del Gobierno para poder establecer la formalización de los predios, en cuanto a que no se ha implementado la reforma rural integral y no se pueden hacer inversiones en el predio donde está ubicado el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Está en área reservada”, señaló.

Además, el funcionario de la colectividad creada tras la firma de los tratados que dieron fin a más de 50 años de guerra en Colombia aseguró que ya tramitaron las solicitudes formales al presidente Duque para que “ejecute acciones concretas de respuesta para poder garantizar la tierra, la ubicación y la sostenibilidad de la reincorporados”, agregó.

Es más, Alape afirmó que los atentados contra sus excolegas no solo son en Antioquia, sino también en otros municipios y departamentos del país como Yarí, Meta. Según el delegado de Comunes, allí se tuvo “que desplazarse hacia el municipio del Doncello, o el primer desplazamiento que se dio en Antioquia que fue de El Gallo al municipio de Mutatá”, comentó.

“La situación del ETCR Juan Carlos Castañeda, en el corregimiento de Carrizal, municipio de Remedios, Antioquia, ha venido sumándose a las dificultades y situaciones de desplazamiento de otros espacios territoriales de reincorporación”, añadió.

Las declaraciones de Pastor Alape se suman a varias de las denuncias que han hecho los militantes de Comunes. Por ejemplo, el director de ese partido, Rodrigo Londoño (Timochenko), envió un duro mensaje al Gobierno de Colombia tras conocerse que el pasado lunes 25 de abril asesinaron al exguerrillero y firmante de paz Juan José Chilito Martínez en el municipio de Puerto Guzmán, vereda José María (en el Putumayo).

De acuerdo con la Corporación Nacional de Reincorporación Comunes (CNRC), Chilito tenía 55 años de edad y fue ultimado a bala. Al excombatiente lo conocían en su pasado delictivo como Román Martínez y, por ahora, se desconoce quién acabó con su vida.

Estos hechos causaron el repudio del director de la colectividad conformada por militantes de las extintas FARC, quien no solo se mostró conmovido por la muerte de su excolega, sino que cuestionó con vehemencia al gobierno de Iván Duque por, supuestamente, no detener el asesinato de firmantes del acuerdo de paz en Cuba.

“¡Basta ya! Necesitamos un gobierno que pare esta barbarie. Con dolor informo el homicidio de Juan José Chilito Martínez, firmante de paz en proceso de reincorporación en Puerto Guzmán-Putumayo. En su memoria y la de todos los caídos, construiremos el sueño de ver a Colombia en paz”, expresó Rodrigo Londoño a través de su cuenta de Twitter.

En su publicación también está el comunicado de la CNRC, donde se evidencia que el hombre asesinado había emprendido en un proyecto personal y, tras abandonar las armas, se había dedicado “de forma juiciosa y emprendedora” a trabajar en la vida civil en los municipios del departamento del Cauca.

Este caso es evidencia de la necesidad de la implementación integral del Acuerdo de Paz, con enfoque de género, territorial, étnico y diferencial que nos permita construir paz con justicia social”, concluyó la Corporación Nacional de Reincorporación Comunes.

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