Entre el 20 de abril y el 7 de mayo de 2002, en las inmediaciones de las cabeceras municipales de Bojayá, conocidas en la región como Bellavista y Vigía del Fuerte, sostuvieron enfrentamientos los frentes José María Córdoba de las Farc y el bloque paramilitar Élmer Cárdenas, al mando de Pablo Montalvo.
El 2 de mayo rampleros de las Farc, al mando de alias “Silver”, lanzaron tres cilindros bombas hacia Bellavista. El tercero de ellos, lanzado cerca de las once de la mañana, rompió el techo de la iglesia, donde se refugiaban cerca de 300 personas, impactó contra el altar y estalló detonando su carga de explosivos y de metralla, produciendo una gran devastación. El saldo fatal fue de 79 personas muertas, 45 de ellas niños y niñas.
Para conmemorar los 20 años de esta tragedia, el Comité de Víctimas de Bojayá, junto con autoridades étnicoterritoriales organizarán el próximo 2 de mayo un homenaje para las víctimas y un conversatorio para debatir y exponer la situación de derechos humanos en el territorio. Ante las denuncias de homicidios, amenazas de muerte, ataques, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, desplazamientos forzados, confinamientos, restricciones a la movilidad, desapariciones forzadas, entre otras violaciones que se vienen presentando en el transcurso de 2022.
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A esta conmemoración se unirán el Sistema Integral para la Paz, la Iglesia de Chocó, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y Codhes. “Tenemos la intención de acompañar a las víctimas y a representantes de comunidades afrodescendientes e indígenas que hoy siguen enfrentando la violencia y el sufrimiento provocado por el conflicto armado”, aseguró la Comisión de la Verdad.
Frente a los hechos que se presentaron hace 20 años, la Procuraduría General de la Nación afirmó en su momento, que la Primera División (sede en Santa Marta), la IV Brigada adscrita (Sede en Medellín) y el Batallón Manosalva Flores (sede en Quibdó) del Ejército Nacional, conocían información sobre los enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares. Sin embargo, la Fuerza Pública llegó a la zona sólo trece días después.
En una sentencia del Tribunal de Chocó de mayo de 2015 se declaró al Estado, Ministerio de Defensa, Armada Nacional, Ejército y Policía Nacional, responsables por los daños antijurídicos producidos por omisión para impedir la crisis humanitaria padecida por los habitantes del Medio Atrato chocoano y que culminaron con la Masacre de Bojayá. El Tribunal condenó al pago de 300 SMLMV a las víctimas.
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El 29 de septiembre de 2016, meses antes de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc, Iván Márquez comandante del grupo guerrillero pidió perdón por la masacre de 2002. El evento se realizó en una iglesia de la vereda La Loma, con presencia del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, el Comité de Derechos Humanos de Bojayá, delegados de Cuba y Noruega y líderes comunitarios.
Mientras que el 28 de abril de 2018, en la capilla de Bellavista, se firmó el Plan Integral de Reparación Colectiva con el objetivo de beneficiar a 1.100 personas de la Comunidad Afro de Bellavista, uno de los tres sujetos de reparación colectiva reconocidos por la Unidad para las Víctimas en Bojayá, Chocó.
Sobre la actual situación del territorio, la entidad nacida del Acuerdo de Paz, solicitó la urgente protección de la vida de los habitantes de la zona a través de la presencia integral del Estado y la plena implementación del Acuerdo de Paz, en particular el capítulo étnico.
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