“Aquí sí puedo vivir”: el largo camino de los vecinos de la Colombia rural para registrar como propias las casas donde vivieron siempre

Cuando Nuri Jaramillo se ganó tres millones de pesos en la lotería, se preguntó si era un mal presagio. Había escogido el número 666 para el tiquete ganador. Usó las ganancias para comprarle ropa a sus tres hijos y el resto lo invirtió en la pequeña tienda que tiene dentro de su casa, en la ciudad de Cáceres, en el nororiente de Antioquia. A través de una ventana con rejas, les vende a sus clientes comida, gaseosas y golosinas.

“Mi tienda estaba llena. Era prueba de que había trabajado duro y logrado algo para mí y mi familia”, dice Nuri.

Ese sueño se acabó en el 2018, cuando hombres del Clan del Golfo—un grupo armado involucrado en el narcotráfico—mataron a uno de sus vecinos y desplazaron a su familia, porque los acusaron de haber sido testigos de la masacre. En cuestión de minutos, Nuri y sus hijos escaparon descalzos y caminaron más de 50 kilómetros hasta El Bagre, municipio vecino.

Los hombres invadieron la casa de Nuri y saquearon su tienda. La comida que encontraron los alimentó por meses. Algunos de los hombres se fueron a vivir a su casa. En la persiana de la ventana por la que les vendía dulces a los niños del barrio escribieron “Aquí no pueden vivir” en pintura blanca de aerosol. Estas palabras mantuvieron a Nuri y a su familia alejados por tres años y le recordaban al resto del barrio que en un lugar como Cáceres tener una casa no garantiza nada, y que sobre todo, cualquier cosa puede desaparecer en un segundo.

Quién es dueño de qué

El centro urbano de Cáceres alberga a más de 5.000 personas, pero la mayoría no tiene propiedades registradas. De hecho, se dice que la mayor parte de la tierra en la ciudad pertenece a las diócesis locales de la Iglesia Católica o al exalcalde Hugo Barrera. Barrera compró 415 hectáreas en el 2005 y una década después fue investigado por fraude. Su propiedad, Candilejas, es casi de leyenda, la mayoría de los vecinos ha oído hablar de ella, pero no saben exactamente donde es.

El problema es que Cáceres no tiene un catastro—o mapa de predios—confiable. El catastro del municipio no se ha actualizado en 17 años. Por ende, gran parte de la verdad sobre la tenencia de la tierra está basada en el voz a voz, o en el conocimiento que pasa de los padres a los hijos o de puerta a puerta. A veces, el perímetro de una propiedad no es más que una conjetura.

“Puede haber miles de personas viviendo en Candilejas”, explica Wilmer Molina, trabajador social de la Oficina Municipal de Tierras de Cáceres. “Este municipio no tiene un mapa de propiedades útil. ¿Por qué? Porque generalmente esa es la parte más cara del proceso. Los levantamientos de tierra necesitan de un buen presupuesto y ninguno de los municipios del Bajo Cauca lo pueden pagar”.

Bajo Cauca es el nombre de esta subregión en la parte alta del departamento de Antioquia e incluye a los municipios de Cáceres, El Bagre, Nechí, Tarazá, Zaragoza y la ciudad principal, Caucasia. Desde los años 90, el Bajo Cauca ha sido una caricatura del conflicto colombiano: guerrillas izquierdistas, paramilitares y grupos narcotraficantes, todos han llegado a controlar las montañas y los valles alrededor del Río Cauca. Los grupos, que muchas veces trabajan juntos, también tienen violentas peleas por el control del territorio. Dependen de la minería artesanal de oro y del narcotráfico para su financiación, y usan la violencia y el desplazamiento como herramientas de control. En el Bajo Cauca, los tiempos de paz vienen en pequeñas dosis.

Bajo estas condiciones, los últimos treinta años han visto grandes porciones del territorio de Cáceres pasar de mano en mano y terminar siendo propiedad de menos y menos personas. Detrás de ese acaparamiento de tierras está la violencia, que ha desplazado a la mayoría de la población de Cáceres, y a muchos más de una vez. Solo en los últimos tres años, más de 1.500 familias han tenido que abandonar sus hogares.

“En Cáceres, la cultura de la tenencia informal de la tierra es dominante”, explica Molina. “Primero la gente encuentra un pedazo de tierra para vivir y después mira a ver si lo puede poseer”.

Poniendo las propiedades en el mapa

La Oficina Municipal de Tierras de Cáceres está tratando de cambiar esta situación poco a poco. Como parte de la administración municipal, la oficina de tierras es la herramienta más efectiva para despejar la confusión histórica alrededor de la tenencia de la tierra en el centro urbano de Cáceres. Con el acompañamiento del alcalde y el apoyo financiero de USAID, el trabajador social Wilmer Molina y el experto legal de la Oficina, Carlos Ávila, están siguiendo una estrategia con la que se espera formalizar cientos de propiedades urbanas, sin mencionar decenas de propiedades públicas como escuelas, centros de salud, y parques.

Molina y Ávila son el equipo en campo y juegan un rol trascendental para facilitar el trabajo de las agencias de administración de tierras colombianas. En el último año, el dúo ha estudiado un universo de más de 3.300 predios que pueden ser titulados. Al analizar información histórica, determinaron que el exalcalde Hugo Barrera es el dueño de aproximadamente una de cada tres propiedades. Después de filtrar las propiedades de Candilejas, analizaron las propiedades restantes de acuerdo a si habían sido registradas y si los dueños todavía vivían en la tierra o cerca de ella. El análisis demostró que 300 propiedades cumplen las condiciones para ser formalizadas.

Desde el corazón de Cáceres, la Oficina Municipal de Tierras está dirigiendo el barco: preparando la documentación y triangulando los procedimientos de formalización con notarías, jueces, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR). En los procesos complicados de formalización de Colombia, cada uno de estos actores es clave para legalizar y formalizar las propiedades urbanas.

Para los vecinos como Nuri Jaramillo, Molina y Ávila son la cara de la administración de tierras. La mayoría de la gente que vive en el Bajo Cauca no tiene los medios para viajar a la oficina de registro de tierras más cercana o a Bogotá, o carecen de la comprensión básica de cómo se titula la tierra bajo las leyes de Colombia. Fue Wilmer Molina el que le acercó los servicios de administración de tierras a Nuri Jaramillo, primero al analizar su propiedad y después a través de la estrategia de comunicación de la oficina.

A través de visitas, Molina se enteró de que años antes de esa noche terrorífica cuando ella y su familia tuvieron que abandonar su casa, Nuri Jaramillo había tratado de formalizar su hogar. Cuando ella compró la propiedad en 1993, fue inmediatamente y la legalizó con la autoridad catastral, el IGAC. Sin embargo, cuando trató de procesar su título, era demasiado costoso y difícil.

“Por 28 años traté de obtener mi título de propiedad y todavía no tenía nada que mostrar. Pero el año pasado, cuando llegó la Oficina de Tierras, por fin confirmamos que esto no es parte de la propiedad de Hugo Barrera”, explica orgullosamente Jaramillo.

Noches sin dormir

Nuri Jaramillo volvió a su casa a principios de 2021. La mayoría de sus muebles se los habían robado y la puerta de la entrada estaba destruida. Mientras se volvía a acomodar en su hogar, la Oficina Municipal de Tierras empezó a formalizar propiedades. En julio de 2021, ella fue una de las primeras 40 residentes de Cáceres en recibir su título de propiedad, gratis, a través del gobierno municipal.

“Algunas de estas familias han esperado 40 años para tener ese título que los acredita como dueños registrados de su propiedad y hemos logrado eso gracias a la Oficina Municipal de Tierras”, dijo el alcalde Juan Carlos Rodríguez en julio del año pasado, en frente de decenas de residentes. “Un título de propiedad es un aspecto fundamental para garantizar el patrimonio de la propiedad de la vivienda”.

A principios de 2022, el alcalde y la Oficina Municipal de Tierras, entregaron otros 65 títulos de propiedad, y continúan estudiando la historia de las propiedades en Cáceres. Molina y Ávila han descubierto rápidamente que cada propiedad tiene su propia historia, que debe ser estudiada y formalmente documentada.

A pesar de tener su título de propiedad, Nuri Jaramillo no ha pasado una sola noche en su casa. El trauma de haber sido atacada y desplazada ha afectado a toda su familia. Cada noche recoge a sus hijos y van caminando a dormir en la casa de un vecino. Ya reabasteció su tienda y pintó la persiana de su ventana con un par de palabras suyas: aquí se vende.

“Aunque todavía no puedo dormir aquí, tengo mi título de propiedad y a los hombres que me dijeron que no puedo vivir aquí les digo ‘sí, sí puedo vivir aquí’, porque esta es mi casa”.

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