Líderes sociales de Colombia apelan a la Corte Constitucional para pedir protección

La Corte Constitucional realizó este jueves 28 de abril una audiencia pública para evaluar cuál ha sido la respuesta del Estado colombiano ante la vulneración masiva de los derechos humanos y fundamentales hacia líderes sociales en el país.

La audiencia giró en torno a nueve acciones de tutela presentadas por 18 ciudadanos que se identificaron como población líder y defensora de derechos humanos de Cauca, Chocó, Casanare, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo, Córdoba, Cali y Medellín.

Dentro de la acción de tutela, los accionantes consideraron que son vulnerados sus derechos fundamentales como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de respeto, garantía y protección de su vida y de los colectivos que integran. Según los escritos, la afectación de los derechos se produce en cuatro escenarios diferentes.

Algunos de los accionantes afirmaron que no cuentan con protección de la Unidad Nacional de Protección. Otros dicen que si bien el Estado les ha brindado protección a través de esquemas de seguridad, ello no ha sido suficiente, dado que los esquemas de protección no son eficaces y no tienen enfoque diferencial de género, étnico racial, cultural, ni territorial.

Mientras que un tercer grupo destacó afectaciones graves en sus colectividades y la otra característica que denuncian los accionantes es que no existen políticas que eviten la estigmatización sistemática de la cual son víctimas.

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En la audiencia pública, que tuvo como ponente al magistrado José Fernando Reyes, la Corte Constitucional entregó una serie de hallazgos relacionados con las tutelas presentadas. “Se ha observado que tras la firma del Acuerdo de Paz, los ataques violentos y mortales, particularmente los asesinatos y amenazas en contra de líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos, han incrementado sustancialmente”.

Cabe resaltar que en 2018 el gobierno de Iván Duque afirmó que llevaría a cabo el Plan de Acción Oportuna (PAO) para responder a la violencia que afecta a los líderes y lideresas sociales. Según el tribunal, “en este proceso se ignoró las dudas sobre el plan que tenían las organizaciones de la sociedad civil y líderes sociales, quienes no tuvieron participación ni en la configuración ni en la implementación”.

Ante la audiencia se dirigió el director de Dejusticia, el abogado constitucionalista Rodrigo Uprimmy, quien se pronunció sobre la situación de los líderes sociales en Colombia. “La violencia contra líderes y lideresas es gravísima, por su intensidad y sus impactos, pues no sólo viola sus derechos e integridad de su vida, si no que viola sus derechos a defender derechos”, mencionó.

Por su parte, Erlendy Cuero Bravo, lideresa representante de la comunidad afro, denunció la falta de garantías del Estado hacia los activistas sociales y se notó preocupada por “los problemas de seguridad que los líderes afro han tenido en la protección individual, no se han fijado medidas por parte de instituciones y la situación de riesgo es bien grande.”, expresó en su intervención.

De su lado, Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), dijo: “Reconocemos que hay una política, pero comparada con la magnitud de la crisis estamos ante un déficit de carácter estructural. La desprotección estructural y la violación masiva de los derechos, deja al descubierto una falla estructural de protección por parte del estado social de derecho y de garantías ciudadanas básicas”.

Finalmente, Raul Rosenden, delegado de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, invitó a las diferentes organizaciones a intervenir en este importante ejercicio, para defender los derechos de los líderes sociales en el país. “Una de las medidas para mejorar la seguridad en los territorios es aumentar la presencia del Estado en las zonas de conflicto, no solo con la Fuerza Pública, sino también con las entidades de desarrollo social”, mencionó.

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