Ha pasado un año tras el estallido social que sacudió a Colombia, las reflexiones continúan y el rechazo a los daños también, sin embargo, aún muchas familias preguntan por las personas que perecieron en las manifestaciones. El testimonio de los testigos, se ha convertido en un factor fundamental para esclarecer los hechos, en relación a esto, la ONU ha pedido que la vida de las víctimas y todas las personas que tengan un testimonio, sean protegidas por las autoridades para poder avanzar en la investigación y determinar a detalle lo sucedido.
Aunque desde la ONU Derechos Humanos Colombia, rechazan los casos de violencia en general, puntualizan la vulneración de los derechos de las víctimas por parte de la Fuerza Pública, pues cabe resaltar que diferentes ciudades del país hubo denuncias sobre el ataque de varios uniformados hacia los manifestantes que salían a marchar, este tipo de hecho fueron rechazados por la oposición en su momento y por la misma comunidad internacional.
En su comunicado, la organización puntualizó el caso del Fiscal, Juan Carlos Oliveros, quien está encargado de la investigación de varios casos de abuso de autoridad y demás aristas de la protesta social en el país, focalizando su trabajo en la ciudad de Santiago de Cali. Además, instan a la aplicación de medidas de protección oportunas tanto para víctimas como testigos claves de los hechos.
La ONU señaló: “rechazamos las amenazas recibidas por el Fiscal Juan Carlos Oliveros quien lleva importantes investigaciones en Cali, con relación a la protesta. Urgimos por protección y garantía de su vida e integridad, y de la vida e integridad de las víctimas y testigos amenazados”.
Cabe resaltar que, tan pronto se conocieron los casos de abuso policial en las manifestaciones y actividades relacionadas con el paro, algunos entes judiciales iniciaron investigaciones contra los uniformados pudieron ser identificados. Ante esto, el llamado a la diligencia es urgente, según la ONU, pues pide que las investigaciones tengan un avance oportuno y se realice de manera exhaustiva, sin intentar beneficiar a alguna de las partes.
En el llamado de atención, se destacó: “reiteramos la importancia de avanzar en investigaciones –penales y disciplinarias- independientes, imparciales, exhaustivas y transparentes con relación a las denuncias de abusos de la fuerza pública y de terceros, ocurridos en el marco de las protestas.”.
Teniendo en cuenta el amparo legal, la Organización de Naciones Unidas, destacó las libertades de los colombianos respecto a la posibilidad de alzar su voz de protesta, pues la manifestación pacífica está garantizada por la misma Constitución Política, estableciendo un cerco de protección para este derecho legítimo que tienen todos los ciudadanos.
La ONU aseguró que era necesario reforzar los puntos de convergencia respecto a la gestión democrática, esto, con el fin de avanzar en los derechos de la ciudadanía, frente a esto, señaló: “Colombia goza de un marco legal para la protección del derecho a la reunión pacífica. Recordamos que es necesario reforzar los métodos de gestión democrática, parar asegurar el pleno ejercicio de este derecho que debe ser protegido por el Estado, incluso de acciones de terceros.”.
Cabe resaltar que durante paro nacional se registraron 83 homicidios, de los cuales, 44 tuvieron presunta participación de la Fuerza Pública, según Indepaz. Estos hechos se suman a los cientos de denuncias por detenciones arbitrarias y distintas dinámicas violentas, que ejercieron los uniformados en contra de la población marchante. Incluso, en el año 2021, una comisión de la ONU habría sido atacada por la misma Policía en Cali, la misión humanitaria trataba de verificar distintas denuncias expuestas y fue intimidada por las autoridades, según denunciaron. A pesar de la condena internacional en contra de estos y los numerosos casos restantes, las declaraciones del Gobierno Nacional, no cumplieron con las expectativas de otros sectores.
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