100 procesos por presuntas irregularidades de las pasadas elecciones legislativas cursan en la Procuraduría

Según el último informe de la Comisión Nacional de Vigilancia Electoral con corte al 24 de abril de este año, en la Procuraduría General de la Nación cursan 100 procesos disciplinarios contra 67 servidores públicos y 33 jurados de votación, entre ellos: dos indagaciones y siete investigaciones contra alcaldes municipales del país.

El ente de control abrió cuatro indagaciones preliminares contra los alcaldes de Ibagué y Cartagena, el gobernador de Vichada y concejales de San Vicente de Chucurí (Santander); y nueve aperturas de investigación a los alcaldes de Medellín, Manizales, y de los municipios de Caparrapí, Soacha, Puli y Paratebueno (Cundinamarca), y Mogotes (Santander); y concejales de Bogotá y Calarcá (Quindío), por presunta participación en política en las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del 13 de marzo de 2022.

El documento señala que en las 1.825 quejas electorales registradas y clasificadas en 14 categorías, los errores más reiterados fueron los relacionados con la inscripción de cédulas (397), los cometidos por los jurados de votación: proselitismo en la mesa, inconsistencias en formularios E-14, uso indebido del celular y la omisión en la entrega del tarjetón electoral de consultas pese a la petición de los electores (172); fallas en indicaciones de los puestos de votación (166) y los denominados como varios (159).

A la fecha de corte mencionada, la Procuraduría ha evaluado el 65,15 % de las quejas, equivalente a 1.189 casos que generaron 1.089 autos inhibitorios, que en su mayoría corresponden a fallas por problemas en el registro de inscripción de votantes y a quejas anónimas sin datos suficientes para investigar; 73 indagaciones previas, y 27 aperturas de investigación.

Por la pluralidad de casos proferidos como inhibitorios ante la negativa de los jurados a permitir el voto, amparados en la inexistencia del registro del ciudadano en la plataforma, la Procuraduría abrió un macrocaso disciplinario.

Mediante esta actuación la entidad busca averiguar, entre otros, si la Registraduría Nacional del Estado Civil contaba con herramientas para asegurar el funcionamiento del programa, los requerimientos técnicos para su utilización, y los controles y pruebas hechos para minimizar riesgos de inconvenientes tecnológicos el día de las elecciones.

Por último, el ente de control manifestó su compromiso irrestricto de cumplir las labores preventivas de procesamiento, análisis y resolución de inconsistencias en el menor tiempo posible y con resultados tangibles, para brindar garantías electorales a la ciudadanía de cara a las jornadas electorales previstas para esta anualidad.

El pasado 27 de abril finalizó la primera etapa de consolidación de los resultados correspondientes a los escrutinios de las pasadas votaciones para Senado de la República, en la que se utilizó el software proveído por la multinacional Indra, operado por los magistrados del Consejo Nacional Electoral.

La Registraduría Nacional del Estado Civil cumplió con la secretaría técnica del proceso de escrutinio de las votaciones del pasado 13 de marzo. A su vez, con el propósito de brindar plenas garantías, permitió el acceso a la información a todas las agrupaciones políticas.

Es de señalar que las organizaciones políticas han tenido asiento en la sala de auditoría del software de escrutinio nacional para las elecciones del Congreso de la República de 2022.

Cabe recordar que en atención a un fallo del Consejo de Estado, la Registraduría Nacional del Estado Civil adquirió el software de escrutinio nacional para las elecciones de 2022, el cual es propiedad exclusiva del Consejo Nacional Electoral y es operado únicamente por sus magistrados.

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