Este jueves se cumple un año de las protestas del paro nacional en Colombia en contra de las políticas del presidente Iván Duque y cuyo detonante fue la reforma tributaria que proponía el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en la que se planteaba un incremento en impuestos para la clase media y una carga impositiva menor para los empresarios.
En los siguientes meses se vio de todo, desde conjuntos residenciales sitiados en Cali (Valle del Cauca), donde los residentes tenían que pagar a encapuchados que bloqueaban las vías, el homicidio a golpes un agente del CTI que le disparó a manifestantes, escuadrones de ciudadanos que se movilizaban en camionetas de alta gama que le disparaban a manifestantes desde los vehículos y hasta ataques a bala por parte de los uniformados a civiles.
Según Naciones Unidas, más de 40 personas perdieron la vida en las manifestaciones, aunque la Fiscalía señaló a Associated Press que se documentaron 29 asesinatos. De éstos solo hay tres casos en juicio, dos más en etapa de investigación y los 24 restantes en indagación, la fase inicial en los procesos.
También se registraron disturbios y enfrentamientos con agentes antimotines, lo que no solo causó muertos, también más de 3.000 heridos, entre civiles y policías.
Tras esos hechos, el presidente Duque nombró al coronel (r) Luis Alfonso Novoa para que encargara de la oficina de Derechos Humanos de la Policía, quien un año después presentó un informe sobre los hechos en los que se vieron involucrados uniformados.
“Se habla de nueve posibles responsabilidades de personas civiles, 10 de miembros de la institución policial y 10 que están por establecer. Cifras que coinciden y de alguna manera se corresponden con la información que publicó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia”, indicó Novoa en la emisora Caracol Radio.
En este informe también señaló que hay en curso 231 procesos disciplinarios contras 74 uniformados señalados por excesos y abuso de autoridad en los eventos de protesta del 2021.
“Hay 48 investigaciones derivadas del poder preferente en poder de la Procuraduría General de la Nación”, agregó sobre el tema.
En el informe también se documentaron 68 casos de violencia de género y una agresión sexual. El encargado de Derechos Humanos destacó que 1.836 policías resultaron heridos y señaló que se viene trabajando en formación para los uniformados.
“He promovido la capacitación para nuestros hombres y mujeres, así como para el Esmad en control de multitudes y disturbios. Empleo de armas y municiones, así como dispositivos menos letales y derechos humanos en el servicio de policía”, indicó Novoa.
Sin embargo, los familiares de los fallecidos temen que haya impunidad en los procesos penales que se investigan en la actualidad.
“No hemos llegado ni siquiera a una primera instancia. No hay ningún imputado, está en indagación”, dijo angustiada Laura Guerrero, madre de Nicolás Guerrero, un joven artista de 26 años que falleció en la madrugada del 3 de mayo de 2021 durante una manifestación en la capital vallecaucana.
La agencia AP señaló que esta mujer ha sido intimidada para no proseguir con los procesos judiciales y porque también lidera un grupo de víctimas.
“Mi hijo fue impactado por un arma nueve milímetros en el lado izquierdo de su frente. Nosotros hemos aportado todas las pruebas, para mí es claro que lo mató la policía”, indicó.
El presunto uso excesivo de la fuerza para reprimir las manifestaciones ha sido una denuncia constante no solo de las víctimas, sino también de organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta última verificó que 46 personas perdieron la vida en las protestas -entre ellas dos policías- y señaló, en un informe divulgado en diciembre, que en 28 de estos casos los miembros de la fuerza pública serían los presuntos responsables.
“La prueba más fuerte que tenemos es la de balística, porque muestra que la bala salió del arma del policía”, dijo a la AP Sandra Milena Meneses, madre de Santiago Murillo Meneses, de 19 años, quien falleció en la noche del 1 de mayo en Ibagué.
Su caso es uno de los más avanzados, el juicio está por iniciar. La Fiscalía acusó formalmente al mayor Jorge Mario Molano Bedoya, quien se encuentra detenido, por presuntamente disparar “su arma de dotación de manera indiscriminada y sin razón alguna, en el entendido de que los manifestantes se habían retirado” impactando a Murillo, quien caminaba solo rumbo a su casa y era ajeno a la protesta.
En una entrevista reciente con la AP, el presidente Duque dijo que su gobierno tiene “cero tolerancia” con cualquier conducta ilegal de un miembro de la fuerza pública y aseguró que como consecuencia de investigaciones hay “varias personas (policías) que han recibido sanción de suspensión” o han sido alejados de su responsabilidad, sin embargo, no detalló de cuántos casos se trata.
(Con información de Associated Press)
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