Estado deberá reparar a las víctimas por participación del Ejército en la llamada masacre de Trujillo

Desde el año 2016, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad en los hechos conocidos como la masacre de Trujillo, tanto por la participación de funcionarios públicos como por omisión de sus funciones, a través de un acuerdo amistoso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con base en esa decisión, el Tribunal Superior de Cundinamarca definió la reparación que deberá ser entregada a las víctimas en un fallo que reconstruyó los hechos.

El alto tribunal estableció que las víctimas, es decir los familiares de las 82 personas asesinadas entre 1989 y 1994 en la jurisdicción del municipio de Trujillo, en el Valle del Cauca, fueron afectados por una grave violación a los derechos humanos, que consecuencialmente causó en sus parientes un daño moral de alta intensidad. Esto quiere decir que su reparación debería ser equivalente a los 100 salarios mínimos mensuales vigentes.

Entre las personas reparadas se encuentran el núcleo familiar o sobrevivientes de las víctimas, quienes fueron asesinados y algunos sometidos a desaparición forzada. Requerirá destinar más de 3.800 millones de pesos para reparar a las personas de acuerdo a la decisión.

El Tribunal hizo un recuento de los hechos que sucedieron entre esos cinco años señalados en Trujillo, Bolívar, Riofrio, Andinapolis, cuando casi una centena de habitantes fueron víctimas de una “masacre continuada” que se realizó con asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, que constituyen varios crímenes de les humanidad.

“Para la realización de estos crímenes se asociaron inicialmente los reconocidos narcotraficantes pertenecientes al Cartel del Norte del Valle, señores Diego Montoya, Henry Loaiza Ceballos e Iván Urdinola Grajales, quienes crearon un grupo de autodefensa o paramilitar, colocando fincas, carros, motos, armas y personas pagas en dicha organización, contando para ello con la colaboración, apoyo y trabajo directo en algunos casos de miembros de la policía de Trujillo en el Distrito de Tuluá y otros lugares aledaños y luego de miembros del Ejército de la zona pertenecientes a la Tercera Brigada, especialmente del Batallón Palacé de Buga”, sostiene el tribunal en el fallo.

Las personas asesinadas fueron estigmatizadas por los criminales, quienes los señalaron como colaboradores del ELN por no someterse a sus propósitos paramilitares. Fueron los mismos familiares de las víctimas quienes denunciaron los hechos.

Un informante del Ejército y miembro de la autodefensa, Daniel Arcila Cardona, denunció los hechos y lo asesinaron. Sin embargo, por otros medios probatorios y los testimonios de “Pablo Emilio Cano Gómez, autor material de muchos de estos homicidios; los testimonios de Alberto Blandón, Camilo Blandón, Jesús María Gómez e informes del CTI”, fue posible confirmar la información.

Los narcotraficantes Diego Montoya conocido como alias Don Diego y capturado en 2007 (absuelto en el 2021 por estos hechos), Henry Loaiza Ceballos conocido como El Alacrán y el asesinado Iván Urdinola Grajales, fueron señalados en el fallo como quienes, junto a miembros de la fuerza pública, elaboraron el listado de las víctimas que iban a asesinar.

Las víctimas fueron perseguidas, sacadas de sus casas, establecimientos, su lugar de trabajo o en algunos eventos públicos y asesinados. Algunos fueron obligados y llevados en camionetas a zonas rurales donde fueron torturados y desaparecidos. Otros aparecieron muertos en las vías del municipio.

A Teofilo Gamboa Moreno, por ejemplo, le golpearon en la puerta de su casa, al asomarse le dispararon, luego tumbaron la puerta y le propinaron siete disparos más. En varios participaron miembros de la Policía, del Ejército, o encapuchados desconocidos.

Rubiel Cano Valencia, José Alben Cano Valencia y Jose Dorniel Cano Valencia se encontraban el 23 de marzo de 1990 en una finca junto a su madre Ángela María Valencia de Cano. Hasta allí llegaron varios hombres con prendas del Ejército que los hicieron salir de la finca, tenderse en el piso boca abajo. “A Jose Dorniel lo entraron a la casa, lo amarraron a una cama y lo torturaron, le cortaron un dedo, una oreja, los testículos, lo atravesaron con una varilla del cuello hasta el estómago y le dispararon”. Después asesinaron a los otros dos jóvenes.

Por esos hechos, el Tribunal Superior de Cundinamarca condenó al Estado colombiano y estableció las indemnizaciones para las víctimas que no han sido reparadas, tanto por daños morales como materiales, que llevan casi tres décadas pidiendo justicia.

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